Gobierno y problemas
Un día sí y otro también oímos y participamos en la emisión de críticas furibundas sobre el mal gobierno que tenemos. Aquí y en China hablar mal del gobierno ha sido siempre común y, en fechas recientes, se ha convertido en ocupación predilecta de aquellos interesados en los asuntos colectivos.
Es, con todo, innegable e inocultable: nuestro gobierno federal en turno ha incurrido en una infinidad de faltas y omisiones enormes. Revísese, si no, lo que ha venido ocurriendo en seguridad y en justicia, dos ámbitos que ofrecen las evidencias más aparatosas de mal gobierno.
Lo que más ha abundado en muchas áreas, pero particularmente en estos dos temas en los últimos años en México, son las declaraciones grandilocuentes y, sobre todo, la producción cuantiosa de normas o constructos institucionales mucho muy de vanguardia internacional (ya quisiera Dinamarca leyes e instituciones de papel tan de avanzada como las mexicanas en derechos humanos o en contra de la violencia a las mujeres o a los niños). ¿Resultado hasta el momento? Más inseguridad, más asesinatos dolosos, más periodistas muertos, más mujeres asesinadas, injusticia cada vez más lacerante y amenazas crecientes al orden precario que todavía nos queda.
El reclamo mayor al gobierno federal en funciones tiene que ver con la corrupción. El problema es muy serio y resulta imposible no verlo (más allá de que falta todavía –hay que decirlo– trecho importante por recorrer en términos de su entendimiento cabal). Al respecto, el principal avance reciente ha sido el claro aumento de la visibilidad del tema en el debate público. Ello, en mucho, gracias a los empeños de los grandes señores del dinero (súbitamente preocupadísimos por el tema), así como de núcleos de activistas y especialistas valientes.
¿Logros más específicos de todo esto? Habrá que esperar a ver que tanto nuestro supersistema Nacional Anticorrupción logra algún resultado tangible que coadyuve al desarrollo del país. Por lo pronto, los efectos más concretos e inmediatos de la centralidad adquirida por la corrupción en la conversación nacional, son dos. Primero, el tema será (es ya) el asunto eje de las campañas electorales de 2018. Segundo, la lucha por el poder político será aún más encarnizada, brutal y descarnada que en el pasado. Esto último, básicamente, por un sistema de justicia que no ofrece mínimas garantías de equidad y debido proceso, pues sigue estando controlado por los poderes políticos en turno, aunado a la novedad del riesgo de acabar sometido a un proceso judicial por cargos de corrupción, tenderá a llevar a los políticos mexicanos no sólo a ser más ingeniosos para ocultar sus actos de corrupción –política o personal–, sino, en especial, a luchar con TODO para alcanzar o conservar el poder político.
Como en corrupción, nos pasa igual, desde hace rato, en muchos otros temas: visibilización del problema preferido del que se trate, motorizada desde la “sociedad civil” con coche (no la organizada en redes clientelares, corporaciones sociales en serio, familias extensas y demás), por los poquitos que tienen dinero y voz; generación de normas legales de avanzada para combatir el problema en cuestión; poca o nula atención a las complejas raíces del problema a ser atendido; y cero inversión en las capacidades institucionales para hacer ejecutables las normas legales de vanguardia aprobadas y promulgadas.
Los resultados de esta forma de abordar nuestros problemas y desafíos son conocidos: ampliación entre la norma y la realidad y, por tanto, más clientelismo, más corrupción, menos crecimiento económico incluyente, más injusticia y más desorden. Tendríamos que intentar otra cosa. Por ejemplo, hacernos cargo de que, sin un sistema de justicia y sin un sistema educativo dignos de tal nombre; sin realismo y pragmatismo, y sin brújulas morales claras y compartidas, seguiremos a la deriva.
Opine usted: @Blancaherediar