La Corte contra omisión legislativa
Lleva al menos tres años el incumplimiento del Congreso federal del mandato constitucional de 2014, de legislar en materia de publicidad oficial para dar certeza a todos los actores involucrados y a la población sobre la manera como se definen y reparten los recursos públicos para la comunicación social de los entes gubernamentales. Esos mismos tres años le ha tomado a Artículo 19, organización de la sociedad civil empeñada en luchar por la libertad de expresión y el derecho a la información, lograr que la Suprema Corte de Justicia emita una sentencia sobre su recurso de amparo encaminado a que cumpla el legislador. La discusión ocurrirá este próximo 15 de noviembre en la Primera Sala del máximo tribunal.
Este pronunciamiento de la SCJN es de enorme relevancia no sólo para dar claridad a la política pública en materia de publicidad oficial, sino para robustecer los pesos y contrapesos de nuestro sistema político. En primer lugar, la falta de regulación en este campo ha permitido un manejo arbitrario y discrecional de los recursos, tanto en el ámbito federal (entre 2012 y 2015 se destinaron 37,000 millones, siempre con sobreejercicios que en 2014 significaron un gasto adicional de 10,000 millones, de acuerdo con datos de Fundar, Centro de Investigación y Análisis), como en el estatal, donde las cifras son doblemente escandalosas (en 2015, los estados gastaron 11,000 millones en publicidad oficial, lo que representó el doble de lo presupuestado). La falta de regulación al respecto ha dado lugar a una enorme discrecionalidad para asignar los recursos y para distribuirlos en opacidad, y ha permitido que la publicidad oficial siga siendo una herramienta en manos de los gobiernos para frenar la crítica, o para condicionar la orientación de los medios informativos; es decir, ha servido para premiar o castigar la política editorial de la prensa, minando así la libertad de expresión. La publicidad oficial se ha utilizado no sólo para promover indebidamente a gobernantes y figuras públicas (lo cual está prohibido por el párrafo 8º del artículo 134 constitucional, que no ha sido reglamentado desde 2008), sino para censurar el oficio profesional y crítico del periodismo, como vimos recientemente en el caso del conductor de las noticias matutinas de Enfoque.
El proyecto que habrá de ser discutido el próximo miércoles y que fue preparado por el ministro Arturo Zaldívar, reconoce que el Poder Legislativo ha incumplido con su obligación de regular y ello ha generado “un efecto silenciador y una restricción indirecta a la libertad de expresión”, y presenta tres planteamientos básicos: que Artículo 19 está facultado para promover el amparo por interés legítimo colectivo (nuevo contenido del artículo 5º de la Ley de Amparo de 2013) y, lo más relevante, que sí procede el amparo en contra de una omisión legislativa, porque ésta perpetúa violaciones a derechos fundamentales. Si se aprueba su proyecto por la mayoría de los ministros de la 1ª Sala, la Corte fortalecerá su papel de contrapeso efectivo de los poderes y el Congreso se obligará a legislar sobre publicidad oficial a más tardar el 30 de abril de 2018. Al actuar en contra de la omisión legislativa, se generaría un cambio radical en la protección de los derechos fundamentales, de ese tamaño es la importancia de que se apruebe el proyecto presentado.
La Corte sólo se pronunciará sobre si procede o no el amparo de Artículo 19 en contra de la omisión legislativa, no sobre el contenido de la ley que eventualmente se emita, eso será tema de otros debates y luchas de las organizaciones de la sociedad civil por tener incidencia en asuntos que dañan a los derechos fundamentales.
La ley sobre publicidad oficial tendrá que definir qué es y qué no es publicidad oficial, con qué criterios se asignan recursos a los diferentes medios de comunicación y deberá fijar topes a dichos gastos y límites precisos a los tan agraviantes sobreejercicios, entre otros temas. No sólo los gobiernos se han beneficiado de la falta de regulación y transparencia sobre los gastos de la publicidad oficial, también lo han sido los grandes consorcios periodísticos que tienen mayor capacidad de presión para acceder a dichos recursos. Una adecuada regulación al respecto ayudará a cambiar la relación perversa que sigue existiendo entre las autoridades públicas y los poderes mediáticos.
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