Agenda del sector privado desde el ámbito público (III)
En las últimas dos semanas comenté sobre dos asuntos donde me parece que la participación del sector privado es esencial, el incremento de la inversión en investigación y desarrollo y el combate a la corrupción. En este artículo abordo su papel desde el punto de vista de su compromiso con la mejora regulatoria.
En este tema debe destacarse la presentación por parte del CCE del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, desarrollado con el apoyo de USAID. El observatorio busca consolidarse como un espacio para promover mejoras regulatorias que impulsen el desarrollo económico en los ordenes de gobierno locales. Que el sector privado organizado de nuestro país impulse esta iniciativa es de la mayor relevancia, ya que frecuentemente miembros de este sector se encuentran enfrentados en materia regulatoria.
Recuerdo dos regulaciones que fueron muy difíciles de eliminar en su tiempo y donde empresas del sector industrial y comercial estaban enfrentadas: el primero se conocía como ‘requisito de planta’, por el cual sólo podían importar medicinas aquellas empresas que tuvieran una planta en el país, lo cual evidentemente limitaba la entrada de nuevos competidores en perjuicio del consumidor; y el segundo, ‘los padrones sectoriales para la importación’, por los cuales asociaciones de fabricantes tenían opinión sobre otras empresas que deseaban importar determinados productos que iban a competir con los que ellos mismos producían. Un absurdo regulatorio defendido como una herramienta para prevenir el comercio ilegal.
En los ámbitos locales frecuentemente se dan este tipo de ‘acuerdos’ entre la autoridad y determinados sectores económicos, que limitan la competencia y afectan al consumidor. Son frecuentes, por ejemplo, el establecimiento de distancias mínimas respecto a otro competidor. En la legislación de un municipio se establece por ejemplo: ‘No se concederá la anuencia respectiva a los establecimientos con el giro de: agencia distribuidora, expendio, tienda de autoservi- cios, tienda de abarrotes, cuando haya otro ubicado a una distancia menor a 400 metros’. Existen este tipo de regulaciones también para las estaciones de servicio de gasolinas, farmacias, tortillerías, carnicerías, etc. Otro tipo de regulaciones frecuentes son aquellas que dan preferencia a empresas locales, por ejemplo: ‘Los establecimientos comerciales deberán tener por separado, ya sea en anaqueles, refrigeradores o vitrinas, el producto pecuario que sea de origen sonorense del procedente de otras entidades del país o del extranjero, indicando claramente su origen de modo que pueda ser fácilmente identificada por el consumidor’. Regulación que implica costos, supervisión, oportunidades para la extorsión, las mordidas, etc. Otro ejemplo, son las regulaciones que requieren opinión del gremio: ‘Corresponderá al Presidente Municipal: Autorizar el traspaso de derechos, así como el cambio de giro en los puestos en los locales comerciales o sus anexos en el interior o exterior de los mercados, previa opinión de la Unión de Comerciantes correspondiente’. En los esquemas de concesiones del sector transporte locales existen muchas otras regulaciones que limitan la entrada a nuevos competidores.
Estos ejemplos ilustran que existe mucho por hacer en los órdenes locales para mejorar la regulación y facilitar la actividad económica; de ahí la importancia del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. En el observatorio se evalúan entidades federativas y municipios de acuerdo a tres criterios: Políticas, permite conocer el marco normativo que sustenta la política de mejora regulatoria; Instituciones, identifica la fortaleza institucional de la entidad para aplicar e impulsar la política de mejora regulatoria; y herramientas, analiza las políticas públicas que utilizan las autoridades para mejorar el acervo regulatorio, simplificar trámites y facilitar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y empresariales.
En un ejercicio prometedor y de gran ayuda para las autoridades locales que buscan promover mejores regulaciones; aunque como se ilustró en los ejemplos anteriores, muchas empresas preferirían tener mayores regulaciones cuando se trata de proteger su mercado, lo cual es lógico y legítimo, pero perjudicial para la actividad económica y el consumidor.
Opine usted: economia@ elfinanciero. com.mx
*Profesor Asociado del CIDE