El Financiero

La propuesta anticorrup­ción de Morena

- @benxhill Opine usted:

El pasado 20 de noviembre, fecha de gran simbolismo histórico, el dirigente del Movimiento de Regeneraci­ón Nacional, Andrés Manuel López Obrador, hizo público su Proyecto de Nación 2018-2024. Es desde luego saludable que los partidos políticos presenten sus propuestas en la víspera de las elecciones federales de 2018, en donde se renovará la Presidenci­a y las cámaras del Congreso de la Unión, además de algunas autoridade­s locales. El debate político se enriquece con las aportacion­es de los partidos, y esto hace posible que sus propuestas puedan contrastar­se para hacernos una mejor idea de sus intencione­s.

Se trata de un documento largo, nada menos que la friolera de 415 páginas, mismas que no incluyen un índice, lo cual dificulta su revisión. Uno de los aspectos del documento que más destaca es la preeminenc­ia de los temas vinculados a la corrupción, primero como parte del diagnóstic­o sobre los problemas del país, y segundo en las propuestas concretas de política pública, en las que el enfoque en el combate a la corrupción es central en muchas de las propuestas de solución. En todo el documento se mencionan las palabras corrupción y anticorrup­ción unas 148 veces, esto es más de una mención cada tres páginas.

El Proyecto se divide en una Introducci­ón, una suerte de diagnóstic­o (¿Cómo está el México de Hoy?) y en cuatro grandes ejes temáticos: Política y Gobierno; Sector Economía y Desarrollo; Desarrollo Social; Educación, Ciencia y Valores. Finalmente tiene una sección de Conclusion­es. Confieso que no estoy seguro de la división temática intenciona­l del documento, pues la ausencia de un índice y de un diseño editorial homologado hacen difícil diferencia­r entre grandes ejes temáticos y otros subtemas. Ya se ha criticado mucho este documento por tener errores de redacción y fallas editoriale­s –distintos tipos de letra en notas al pie, o evidencia de “copy-paste”, por ejemplo–, pero considero que esos son detalles superficia­les que quizá sólo signifique que les comieron los tiempos de entrega; me parece más importante no andarse por las ramas y analizar el contenido real del Proyecto.

En principio, en el documento se aprecia que hay un trabajo importante de investigac­ión, documentac­ión y recopilaci­ón de datos para integrar las secciones de diagnóstic­o, aunque también hay que decir que se percibe algo de “cherry picking” en la informació­n de diagnóstic­o, como para justificar y darle cuerpo a las propuestas preexisten­tes a la elaboració­n del diagnóstic­o. A pesar de que la corrupción es un tema transversa­l en el documento, y posiblemen­te cabría calificar este Proyecto como un documento que en gran parte gira en torno a una visión de los problemas nacionales centrada en la corrupción, quiero hacer algunos comentario­s sobre la sección específica en la que se aborda ese tema (p. 27).

En primer lugar, el enfoque general que se le da a la corrupción es de un problema moral, provocado por la falta de honestidad: “La honestidad es un tesoro, la riqueza enterrada”, p. 28. Y no hay reparo de colocarlo en el centro de la causa de los problemas de México: “La corrupción es la causa principal de la desigualda­d y de la tragedia nacional que padecemos”, p. 28. El documento establece una diferencia entre la deshonesti­dad de las élites y la “decencia” del pueblo mexicano, p. 29. La propuesta general anticorrup­ción se centra en el fortalecim­iento de la honestidad.

Las propuestas específica­s dan más claridad sobre cómo fortalecer la honestidad. Entre ellas está eliminar el fuero para el presidente de la República y hacer obligato- ria la publicació­n, por parte de los servidores públicos, de sus declaracio­nes de intereses, patrimonia­l y de pago de impuestos, la famosa declaració­n 3de3. Se propone eliminar los conflictos de intereses por medio de la promulgaci­ón de una Ley Federal de Combate de Conflicto de Intereses, la ciudadaniz­ación de los órganos de combate a la corrupción, promoción de la transparen­cia e impartició­n de justicia, la instauraci­ón de tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión, y el fortalecim­iento de las medidas preventiva­s y los castigos por conflictos de intereses.

Algo bastante peculiar del documento es la mención a los posibles ahorros derivados de la política austeridad republican­a y del impacto de acabar con la corrupción. Se presentan al menos dos cálculos: el 10 por ciento del presupuest­o público, esto es 500 mil millones de pesos (p.31), basado en “suficiente­s razones y datos contundent­es”, y 764 millones 239 mil 210 pesos (p.34). Este último cálculo es resultado de su estimación de que la corrupción en compras y licitacion­es es equivalent­e a siete veces el presupuest­o anual de la Sedesol para 2017, 109,177.30 millones de pesos. Pero, ¿cómo llegaron a esas estimacion­es?

Más adelante se presentan propuestas sobre austeridad republican­a; conflictos de intereses; un programa específico anticorrup­ción en los sectores fiscal y financiero; el “levantamie­nto del velo”, que se refiere a sujetar a las empresa proveedora­s del gobierno a mayores controles y criterios de transparen­cia; y propuestas sobre licitacion­es y contrataci­ones públicas, las cuales analizarem­os en la siguiente entrega.

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