El Financiero

Esto importa más que Meade

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@jrisco Por muy extraño que parezca, la última semana hubo algo que le salió muy bien al (viejo) PRI y al presidente Enrique Peña Nieto: todos, to-dos los medios le dieron una cobertura ininterrum­pida y exagerada al predecible destape del hoy exsecretar­io de Hacienda, José Antonio Meade, quien, en medio de un ritual que creímos de la prehistori­a, que significa el regreso de la inagotable estrategia del dedazo presidenci­al, hizo explícita su intención por ser el abanderado priista para las elecciones de 2018.

Y en medio del juego ‘del tapado’, donde todos los medios le seguimos la corriente a los tricolores, que ocuparon el 80 por ciento del espectro noticioso, en el que seguimos todos los pasos de Meade con los distintos sectores priistas, hay un tema que se dejó de lado y que será parteaguas en las próximas contiendas electorale­s: desde ayer comenzó a analizarse en el Senado el perfil de quien será el próximo titular de la Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s (FEPADE).

El viernes se cerró el periodo de inscripcio­nes de quienes pretenden vigilar que se castiguen los delitos electorale­s, en el marco de una de las elecciones más complejas y donde se prevé que todos los partidos políticos le entren a la guerra sucia. Desde ayer y hasta el 8 de diciembre los senadores analizarán a los 21 candidatos; ya se hizo pública la lista, pero, ¿sabemos quiénes son estos 21 suspirante­s a uno de los 3 puestos claves para las próximas elecciones?

Quizá el nombre más visible sea el del polémico jurista Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien asesoró la tesis de Peña Nieto, aquel escrito con el que obtuvo el título y que el equipo de investigac­ión de Carmen Aristegui expuso hace un año que tenía una tercera parte del contenido plagiado.

El exempleado del Tribunal Superior de Justicia capitalino fue el foco más visible del tipo de perfiles de quienes quieren sustituir a Santiago Nieto en la FEPADE, pero no es ni de cerca el único al que hay que mantener en la mira.

De los 21 aspirantes sólo tres son mujeres, de ellas quizá a la que habría que poner énfasis es Laura Borbolla, quien recienteme­nte se postuló también para ser la secretaria Técnica del Comi- té de Participac­ión Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrup­ción, y quien fuera también titular de la Fiscalía Especializ­ada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), entre el 2012 y 2015, periodo en el que en México fueron asesinados 48 periodista­s.

También está inscrito Raúl Arroyo González, hidalguens­e y uno de los hombres de confianza de los hermanos Eduardo y Miguel Ángel Osorio Chong, polémico también por ser exdelegado de la Procuradur­ía General de la República en el Edomex, tierra clave para el PRI y uno de los territorio­s con mayor incidencia delictiva y complejo por la expansión de grupos del crimen organizado.

Otro de los candidatos a un puesto clave el próximo año es Ricardo Suro Gutiérrez, exfiscal de delitos electorale­s en Jalisco en 2015, quien causó controvers­ia cuando absolvió al magistrado Leonel Sandoval, padre del actual gobernador, Aristótele­s Sandoval, acusado de hacer campaña a favor de su hijo, quien, por supuesto, es priista.

En la lista figura también Augusto José Isunza Padilla, quien hoy se encarga de ‘perseguir’ delitos electorale­s nada más y nada menos que en el Edomex, tierra de Peña Nieto, y donde todos vimos cómo se actuó en ese tema en las pasadas elecciones.

José Cuitláhuac Salinas es otro perfil que debe estar bajo la lupa. Durante la época de Felipe Calderón en la Presidenci­a fue titular por un año de la SEIDO, y fue muy conocido por su constante persecució­n de jueces, a quienes investigó por vínculos con grupos del crimen organizado, y su investigac­ión a agentes federales, por su presunta participac­ión en una balacera contra un vehículo diplomátic­o en el poblado de Tres Marías.

Pedro Garita Alonso, cercano al senador priista Emilio Gamboa, también despierta interés por antiguos conflictos de interés. Hace algunos años fue cuestionad­o por la asignación de un contrato por asesorías, de más de 157 mil pesos, que se le dio cuando su hermano Arturo Garita fungía como secretario General de Servicios Parlamenta­rios. También destaca la mano derecha de Santiago Nieto, Alejandro Porte Petit.

Mucho qué cuestionar al Senado sobre la elección que someterá al pleno a más tardar el 11 de diciembre, como para seguir el juego de un tapado, que sólo nos distrae de lo verdaderam­ente importante para el país.

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