Prevenir para fiscalizar mejor

Prevenir es mejor que remediar, lo cual funciona en la vida cotidiana, pero también en otras actividades relevantes para la sociedad, como es el caso de la fiscalización. La propia Organización de las Naciones Unidas, en su Convención Contra la Corrupción, ha concluido que “los países miembros se responsabilizan en establecer políticas, estrategias y acciones orientadas a prevenir la corrupción”.

Tenemos que pasar de la fiscalización del modelo sancionador ex post, a uno preventivo de la corrupción, ante el fracaso evidente de sanciones elevadas. Por supuesto que hay que sancionar las prácticas corruptas y combatir la impunidad. Sin embargo, está comprobado que no es un problema del tamaño de las multas, sino de la eficacia del castigo a los corruptos, tanto públicos como privados.

No es secreto que muchos de los titulares de los órganos de control de las entidades federativas generalmente hacen ejercicios de corrección y solventación –pero ha sido raro que alguna vez haya sanciones contra funcionarios del mismo nivel burocrático de los contralores estatales–, que en la práctica, si no se aclara o solventa la observación y procede el reintegro, su opinión generalmente exonera a los responsables de la acción, o si llegan a castigar lo bajan a los subordinados, que son a los que declaran culpables; esto es: el hilo se rompe por lo más delgado.

Por otra parte, la coordinación intergubernamental es característica esencial de los sistemas federales, como el nuestro. En esencia se trata de que los estados cedan parte de su soberanía para integrarse en una federación. Los estudiosos lo plantean como fundamental si se quiere que el sistema sea eficiente y se conviva en un ámbito de coordinación federal y no de subordinación de un orden de gobierno al otro, como sucede en los países centralizados.

La fiscalización debe estar vinculada a la operación, en el caso gobierno federal-estados, del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que soporta el pacto fiscal de paí- ses como el nuestro, lo mismo en el espacio estatal entre estados y municipios.

Esto consiste en la distribución de facultades recaudatorias entre los tres órdenes de gobierno y ha tenido buenos resultados cuando se respetan las jurisdicciones y facultades de cada uno y se conectan con la fiscalización.

No puedes ser un auditor eficiente si no conoces las políticas públicas, si desconoces cómo funciona la coordinación en materia de ingresos y de gasto entre los estados y el gobierno federal, y menos ahora que la Auditoría Superior puede revisar la distribución de las participaciones a partir de fórmulas estatales hacia los municipios, que son diferentes y han sido espacios de opacidad y abuso en la relación entre estos dos órdenes de gobierno, como se acaba de comentar en un seminario reciente sobre el desafío del desarrollo sobre lo local frente a la carencia crónica de ingresos de los municipios.

Asimismo, se le debe dar la misma importancia a la fiscalización de los ingresos que a la del gasto y la deuda pública, las fugas empiezan en la recaudación y en las comisiones sobre la contratación de deuda. No olvidemos que los estados, a través de la colaboración administrativa, intervienen en aspectos centrales de la recaudación federal, particularmente en las auditorías fiscales, y este es un tema que ha sido muy poco revisado, particularmente por las auditorías locales.

Otro espacio de oportunidad tiene que ver con el fortalecimiento de la autonomía de las auditorías superiores de los estados. Pero existe una debilidad del sistema, los auditores locales, en pocas ocasiones, terminan su mandato de siete años. Son vulnerables a los vaivenes políticos y por varias vías se les obliga a renunciar, llegando esto a extremos inimaginables, que he comentado en otros artículos.

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