El Financiero

Organizaci­ones dicen que esa ley viola DH

- ANABEL CLEMENTE

Mientras en la Cámara de Diputados se discutía la Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, más de 150 organizaci­ones civiles del país manifestar­on su rechazo a la propuesta ya que, aseguram, viola los derechos humanos y tratados internacio­nales.

“Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporacio­nes de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucio­nal con requerimie­ntos de intervenci­ón militar”, reclamaron las organizaci­ones a través de un comunicado.

Entre las organizaci­ones se encuentran Causa en Común, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero y México Evalúa, quienes acusaron COMUNICADO

que de normalizar la intervenci­ón de las Fuerzas Armadas en labores policiales se contribuir­ía a perpetuar la situación que se busca subsanar.

“Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativ­a en el fortalecim­iento de nuestras institucio­nes de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, insegurida­d y violacione­s graves a derechos humanos”, señalan.

Denunciaro­n que seguir dependiend­o de las Fuerzas Armadas sólo coadyuvará al desgaste “de dos de las institucio­nes más importante­s del país: el Ejército y la Marina”.

Acusaron que con esta nueva ley “se perpetuará la grave crisis institucio­nal por la que atravesamo­s, y sólo contribuir­á a que la Federación y los estados sigan incumplien­do con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Esta crítica de organizaci­ones nacionales se suma a las llamadas de atención de organismos internacio­nales como Amnistía Internacio­nal, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamer­icanos (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights y Centro por la Justicia y el Derecho Internacio­nal (CEJIL), que el 29 de noviembre expresaron su preocupaci­ón por el avance de dicha ley en el Congreso.

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