EL SENADO DEBERÁ AHORA RATIFICAR LA MINUTA APROBADA POR DIPUTADOS.
“No confundamos a la ciudadanía, no es para militarizar”, señalan los priistas
La ley señala que la presencia de militares en estados no deberá exceder de un año
Luego de 17 meses atorada en la Cámara de Diputados, fue aprobada, con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones –de los 320 legisladores que permanecieron en el salón de sesiones– la nueva Ley de Seguridad Interior, para regular el uso y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad pública en el país.
Después de casi 10 horas de discusiones en comisiones y en el pleno, el documento fue votado y turnado de inmediato al Senado para su estudio y eventual aprobación.
La ley propone, en su artículo 8, que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”, por lo que no ameritan la intervención del Ejército.
También sugiere, en el artículo 15, que la permanencia de la milicia en los estados para combatir la inseguridad y la violencia no deberá exceder un plazo de un año.
“La declaratoria de protección a la seguridad interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las acciones de seguridad interior a su cargo”, dice el texto.
Sin embargo, se aclara que “las condiciones y vigencia de la declaratoria de protección a la seguridad interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó, y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”.
Igualmente establece, en el artículo 12, que “el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las 72 horas siguientes, la declaratoria de protección a la seguridad interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas”.
Se aclara, en el artículo 18, que “en ningún caso las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades”.
Aunque, en lo general, el dictamen –que recoge seis iniciativas de diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y MC– se avaló con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, de los 411 asistentes, al final 91 legisladores abandonaron el recinto de sesiones antes de tiempo para no votar la propuesta.
La aprobación por mayoría corrió a cargo del PRI y sus partidos aliados –PVEM, Panal y PES–, aunque también se sumaron algunos votos del PAN y PRD.
“Esta ley no militariza al país ni permite la violación de las garantías ciudadanas; no confundamos a la ciudadanía”, expresó en tribuna la diputada del PRI, Mercedes Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
El también priista Carlos Sarabia –militar oaxaqueño retirado– reclamó que “el Ejército no quiere estar en las calles; está ahí porque se lo pidieron. El Ejército no tiene la culpa de que los partidos no se pongan de acuerdo”.
Con mantas, pancartas y playeras, PAN, PRD, Morena y MC protestaron en el salón de sesiones, por considerar que la ley “pondrá en riesgo el respeto a las garantías ciudadanas”.