Ley de Seguridad Interior, claudicación del Estado
Nunca una ley como la de Seguridad Interior, aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, había generado tantas reacciones negativas nacionales e internacionales. Un colectivo de 270 organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos ha considerado esta ley como “golpista” y contraproducente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su oposición. La Coparmex demandó frenar la promulgación de esta ley. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas envió al gobierno mexicano un documento de 14 puntos y le pidió que frenara esta legislación, pendiente en el Senado.
Expertos en derecho constitucional señalaron que esta ley no sólo agudiza el problema de la violencia y la impunidad. También es contraria a los artículos 1, en materia de derechos humanos, 16, 18, 21, 29, 89 y 73 de nuestra Carta Magna. En otras palabras, de aprobarse y promulgarse hay altas probabilidades de que termine en una controversia o acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
Los gobernadores del PRI y va- rios del PAN han presionado a legisladores para que esta ley se apruebe fast track a pesar de que es difusa, confusa y carente de definiciones claras. Ahí está el caso del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, hablando a favor de esta legislación, mientras que otros mantienen las presiones fuera de lo público.
Lo más grave de esta ley es su insistencia en continuar con una receta que ha fracasado a todas luces. Desde el gobierno de Felipe Calderón el Ejército y los integrantes de la Marina han realizado labores policiacas en varias entidades del país y la violencia y la inseguridad pública no han disminuido. Por el contrario, el ejercicio arbitrario del poder de la fuerza ha generado más víctimas, más expedientes y más dolor para miles de familias.
En el gobierno de Calderón se iniciaron los operativos en Michoacán, en enero de 2007. Luego se sumaron otras siete entidades: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa. En estas 8 entidades los índices de violencia se incrementaron con la participación de las Fuerzas Armadas. Esto conllevó al debilitamiento de las estructuras de seguridad pública estatal y municipal, pues los recursos económicos y materiales se destinaron al fortalecimiento de las instancias federales, olvidando a los cuerpos policiacos estatales y municipales.
De acuerdo con las propias cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobierno de Calderón nos heredó un total de 120 mil 935 homicidios dolosos. El gobierno de Peña Nieto, hasta octubre de 2017, ya sumaba un total de 114 mil 061 asesinatos; es decir, lleva el 94.31 por ciento del total de homicidios registrados en el sexenio anterior. El sexenio del retorno del PRI a la Presidencia de la República está a sólo 6 mil 874 homicidios de alcanzar el nivel récord. Octubre de 2017 fue el mes más violento en los últimos 20 años, y hasta el Congreso de Estados Unidos destacó que de nada ha servido la detención de más de 115 de los cabecillas de los cárteles, porque la violencia en sus regiones de influencia no ha disminuido.
La participación de las Fuerzas Armadas en labores policiacas ha incrementado el índice de “letalidad perfecta”; es decir, se incrementaron el número de muertos en los enfrentamientos porque los soldados y marinos están entrenados para matar al enemigo, no para detenerlos ni investigar las redes del crimen.
Mientras que en 2007 hubo 15 “eventos de letalidad perfecta”, en 2011 hubo 451, según un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
En este sexenio, las ejecuciones extrajudiciales han creado escándalos internacionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que 15 de los 22 muertos en Tlatlaya, Estado de México, fueron ejecutados por las fuerzas federales, a pesar de estar rendidas. Y en el caso de la represión en Nochixtlán, Oaxaca, elementos de la llamada Gendarmería Nacional, adscrita a la Policía Federal, son sospechosos de haber disparado a población civil desarmada.
Los únicos que se han beneficiado de esta espiral de violencia y de la reiterada creencia en la militarización de la seguridad pública, son las grandes empresas contratistas o proveedoras de armamento, equipamiento y servicios para la Sedena y la Secretaría de Marina.
De 2007 a 2017 el presupuesto de la Secretaría de la Defensa creció en más de 110 por ciento: pasó de 32 mil millones de pesos a 69 mil 407 millones de pesos para este año. El de la Secretaría de Marina se disparó de 10 mil 951 millones de pesos, en 2007, a 26 mil 336 millones de pesos.
La inversión en armamento y equipamiento militar ha sido altamente privilegiada. En los tres primeros años de este sexenio se erogaron 2 mil 35 millones de dólares en armamento y equipo obtenido de Estados Unidos, algo equivalente a 28 mil 560 millones de pesos.
La ley aprobada en la Cámara de Diputados no genera controles excepcionales. Y peor: permite a las fuerzas federales, incluyendo a las armadas, intervenir contra protestas sociales, cuando consideren que pueden no ser pacíficas (artículo 8).
En vísperas de un proceso electoral complicado y polarizado como el de 2018, una ley de este tipo solamente beneficia a una situación de miedo y precariedad. No alienta la democratización, sino la militarización del país. Es una clara claudicación del Estado de derecho.