¿Tenemos algo que celebrar?
La semana pasada, diversas entidades públicas (la SFP, el INAI) y organismos empresariales realizaron sendos seminarios de reflexión para conmemorar el Día Internacional en contra de la corrupción, que se celebra cada 9 de diciembre desde 2005, cuando entró en vigor la Convención de Naciones Unidas en Contra de la Corrupción. Para la ONU, la conmemoración tiene por objeto crear conciencia en todo el mundo sobre lo nociva que es la corrupción y sobre los mecanismos para combatirla. La pregunta obligada en México es si tenemos algo que celebrar.
La corrupción es más que el uso y el abuso del poder en beneficio privado. Es, como ha dicho la CNDH, la apropiación misma de lo público por parte de unos cuantos; es una enfermedad que corroe transversalmente a nuestras instituciones y relaciones sociales, alejando a la población de los asuntos públicos que le conciernen. Y si bien la corrupción es un problema global, en nuestro país llega a niveles casi insuperables, pues de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, en 2015 absorbía el 10% del PIB (de cada 100 pesos de riqueza generada por la econo- mía, la corrupción se llevaba 10 pesos) y se calcula que las familias destinan el 14% de sus ingresos al pago de actos de corrupción. En octubre pasado, el Barómetro Global de Corrupción para América Latina de Transparencia Mexicana señaló que más de la mitad de los mexicanos (el 51%) reconoce haber sobornado a algún funcionario para realizar un trámite o acceder a un servicio, y el 44% de las empresas afirman haber realizado pagos extraoficiales, lo cual coloca a nuestro país en el primer lugar de la región en sobornos. No cabe duda, el problema es severo y, según datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), 79% de los mexicanos considera que es su preocupación principal sólo después de la inseguridad y la violencia.
A 8 meses de que se instalara el órgano rector (Comité Coordinador) del Sistema Nacional Anticorrupción y a 5 meses de que el Sistema entrara de lleno en operación, las perspectivas no son alentadoras. Su construcción institucional está coja porque no existe ni fiscal especial Anticorrupción para perseguir los delitos en la materia ni los 18 magistrados especializados para sancionar las faltas administrativas graves. En los estados, el panorama es más preocupante porque sólo en una tercera parte están conformados los sistemas locales anticorrupción y, como suele suceder en nuestro esquema federalista, en lo local las deficiencias institucionales son mayores, porque son más débiles los contrapesos del poder y porque es muy escasa la masa crítica de la sociedad civil y el periodismo. No obstante, el SNA está en marcha, pero hay que insistir en que el mal que se quiere combatir y sobre todo controlar no puede desmontarse de la noche a la mañana, porque son muy resistentes las estructuras de poder que lo han cobijado durante décadas.
En lo que sí ha avanzado el SNA es en la socialización del daño que genera la corrupción, como manto protector de la violencia y la inseguridad que nos inundan y que se expresan en las cifras de homicidios dolosos que cada año crecen. De acuerdo con los datos de INEGI, en 2016 se registraron 24,000 homicidios, la cifra más alta en 20 años y 15.3% mayor que la de 2015.
Es casi un lugar común afirmar que la pelea contra la corrupción no puede ganarse sin la activa participación de la sociedad civil, y es ahí donde tenemos los mayores activos, porque las organizaciones han dado muestras de su capacidad para articularse e incidir en las agendas anticorrupción. Así se evidenció desde el diseño mismo del SNA y la ley #3de3, así como en la investigación de casos que involucran grandes sumas de recursos públicos, como “la estafa maestra” y Odebrecht, o que implican la violación a derechos humanos como el espionaje a activistas y periodistas, a través del software “Pegasus”. La decidida participación de las OSC ha logrado frenar nombramientos importantes del SNA que pretendían imponerse con total opacidad y ha impulsado formas de interlocución con instituciones públicas para, por ejemplo, armar proyectos de reconstrucción abierta a los propios damnificados de los sismos de septiembre.
La activación de la sociedad civil en contra de la corrupción ha apostado a fortalecer a las instituciones. Por eso, más que hablar de “voluntad política”, se apuesta a sólidos andamiajes legales, sujetos al escrutinio de los ciudadanos.
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