Más allá de la amnistía
Una de las facturas más grandes del gobierno de Enrique Peña Nieto será el crecimiento de la violencia y la inseguridad ciudadana. Este año la violencia homicida está rompiendo récords a nivel nacional. Como lo mencionó Edna Jaime hace unas semanas en este periódico, 2017, un año preelectoral al igual que 2011, son los años más violentos de la historia reciente de México.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencian que en varios estados del país –Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Morelos la violencia se ha enquistado; hay otros donde ha llegado –Baja California Sur, Zacatecas, Quintana Roo, Colima, y Guanajuato, o bien otros que ha regresado como Baja California Norte, Chihuahua y Tlaxcala.
El actual gobierno fue muy crítico de la estrategia de su antecesor, Felipe Calderón. Lo señalaron como la fuente de la violencia por haberse lanzado a una guerra frontal contra los grupos criminales. Más aún, durante los primeros años del gobierno peñista se ufanaron que se había reducido la violencia; incluso hubo alardes internacionales como la portada de la revista Time con el encabezado “Saving Mexico”.
La estrategia de Peña ha sido muy consistente en dejar de hablar de la violencia y en insistir en que Calderón alborotó el avispero. Las acotadas novedades fueron un intento de mejor coordinación y un esfuerzo en la prevención. La coordinación acabó siendo una centralización en la Secretaría de Gobernación que hizo la tarea del titular imposible. No hay manera que el mismo secretario sea la mano política para negociar con las fuerzas políticas de todo el país y a la vez el vértice de la seguridad pública. Pasaron los días y el sexenio, y Miguel Ángel Osorio Chong nunca fue capaz de dar a conocer una estrategia integral para combatir la violencia. Los esfuerzos de prevención fueron bienvenidos y causaron cierto optimismo los dos primeros años. Sin embargo, en el cuarto año de gobierno, cuando sobrevinieron los recortes, se hizo evidente que la seguridad de los mexicanos y las mexicanas no es prioridad para Peña. El presupuesto de la subsecretaria fue recortado a cero. Sí, así de vergonzante.
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador—amnistía a los grupos criminales—es extrema al colocarse en el lado opuesto de un continuum guerra versus amnistía. La situación es mucho más compleja porque los procesos de paz y de memoria no son lineales. No obstante, la propuesta de AMLO tiene tres puntos positivos.
La primera es lo que ya escribió Jorge Zepeda Patterson en El País, se anima a salirse de la caja. Es tanta la paliza que nos estamos llevando en esta guerra contra las drogas y la criminalidad que, se vale internar nuevas alternativas.
Lo segundo es que el objetivo es la paz de todos y todas las mexicanas. Es decir, pone al ciudadano –a la mexicana de carne y hueso –- al centro del debate de la seguridad. Todos compartimos la necesidad de sentirnos seguros, divertirnos sin miedo, pasear tranquilos y dormir en santa paz.
Finalmente, no caracteriza a los miembros de los carteles como extra-terrícolas que merecen ser exterminados. Es muy común oír que no debemos preocuparnos de las decenas de miles de asesinados pues la mayoría son parte de las mafias. Aquellos que participan en la delincuencia organizada son parte de México y se les deben las garantías de cualquier ciudadano. No son ellos y nosotros. Somos el mismo colectivo y tenemos que buscar una reconciliación nacional.
El problema de fondo con la propuesta de AMLO es que no aborda el aspecto más importante para alguien que aspira a ser jefe del Estado. La seguridad es un bien público y como tal es responsabilidad irrenunciable del Estado. De manera que lo más importante en la propuesta de un candidato a la presidencia de la República es cómo va a fortalecer las capacidades del Estado para proveer un bien público tan preciado como el aire que respiramos. Se requiere pues una propuesta de qué se hará con los eslabones principales de la cadena de justicia –policías, ministerios públicos, jueces y prisiones. Sin un Estado fuerte en materia de seguridad y procuración de justicia, la idea de negociar con criminales fácilmente puede derivar en impunidad y en una “pax mafiosa” que haga mella de nuestra democracia.
Es importante que exijamos a los aspirantes presidenciales y a sus equipos que incluyan en sus plataformas propuesta serias y detalladas sobre cómo mejorarán las instituciones del Estado para proveer seguridad.
Proponer una negociación con los grupos criminales nos ayuda a dejar de lado ideas simplistas de los “buenos” contra los “malos” pero es sólo una introducción al tema más apremiante de la elección: la violencia e inseguridad que nos está robando sueño y libertad.
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