PRIMERA SANCIÓN POR ODEBRECHT
Después de un año de investigaciones sobre el caso de Odebrecht, la Secretaría de la Función Pública anunció la primera sanción a un funcionario de Pemex por haber autorizado, con pagos excesivos, la ejecución del contrato Tula 1 para la conformación de plataformas y aprovechamiento de residuales de la Refinería Miguel Hidalgo.
Se trata de una sanción nada despreciable, por un monto de 119 millones de pesos, pero el afectado, quien además será destituido e inhabilitado por diez años para ocupar cualquier puesto en la administración pública federal, es un subdirector, es decir, un funcionario de nivel medio de Pemex. La SFP inhabilitó también a la empresa brasileña por cuatro años, lo que implica que Odebrecht, que encabeza la mayor red de sobornos extranjeros en América Latina, no podrá participar en proceso de licitación alguno para obtener contratos con el gobierno federal.
El anuncio es importante por el monto de la multa y por el alcance de la sanción, pero la pregunta obligada es qué pasó con las investigaciones penales por actos de corrupción, no de los bajos perfi- les, sino a los altos funcionarios de nuestra mayor empresa productiva del Estado. Si ya se cuenta con datos suficientes para inhabilitar a Odebrecht, ¿por qué siguen retrasados los procesos a cargo de la PGR para resolver la responsabilidad penal de los entonces titulares de Pemex? La pregunta es pertinente sobre todo si consideramos que hace más de cuatro meses que el propio Emilio Lozoya fue llamado a comparecer ante dicha autoridad, facultada para perseguir el delito.
Hay que recordar que al inicio de este año, Marcelo Odebrecht confesó ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado una multitud de operaciones irregulares –sobornos a cambio de jugosos contratos– que involucraban a altos funcionarios gubernamentales en 11 países, por un monto de más de 450 millones de dólares. Si bien en países como Perú, Brasil y República Dominicana, sus expresidentes han sido inculpados y algunos hasta encarcelados, en México, la suma declarada del soborno alcanza los 10 millones de dólares, pero la lentitud y la opacidad de las investigaciones ha sido la pauta. El argumento que se ha esgrimido para la reserva de la información es que el proceso debe protegerse hasta que haya una consignación ante un juez.
La lista de irregularidades en el caso ya es larga, la ASF identificó en su Informe sobre la Cuenta Pública 2015 pagos de Pemex a Odebrecht sin un soporte adecuado por 950 millones de pesos y en junio de 2017 y la propia SFP detectó que la empresa brasileña había transferido 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma en Veracruz. La red de malos manejos en Pemex es más profunda y no sólo se refiere a Odebrecht. De hecho, el pasado 14 de diciembre, la SFP destituyó a 8 empleados adscritos a la Terminal de Almacenamiento y Despacho en Chihuahua, Pemex Logística, por alterar la medición para el llenado de los autotanques de combustible. A este caso se le suma el de marzo pasado en que 7 empleados de Pemex fueron multados por 49 millones de pesos por autorizar pagos indebidos por 35 millones de pesos, y seguro que la lista es más larga y no sólo abarca a empleados de nivel operativo.
¿Qué nos dejan como lección es- tos trabajos de la SFP, sobre todo de cara a lo que compete al Sistema Nacional Anticorrupción? La secretaria Arely Gómez enfatizó que con estas sanciones hace lo que le corresponde y debemos de reconocérselo, pero ello mismo da cuenta de que el objetivo central del SNA, que es la coordinación entre las áreas que lo conforman, a fin de acelerar y sustentar los procesos que a cada cual le competen, no se ha logrado activar.
La cantidad de deficiencias en la administración de los cuantiosos recursos de Pemex no puede corregirse con sanciones a funcionarios de nivel medio o bajo, eso ya no sirve para calmar el hartazgo social que existe en contra de la corrupción y menos para sanear a nuestra mayor empresa productiva. Es urgente que la responsabilidad sobre el ejercicio de recursos alcance a los altos funcionarios, sólo así podrán generarse los incentivos para desmontar los procesos que cobijan a la corrupción. Es necesario que quienes suscriban los grandes contratos en las dependencias públicas sean sus titulares para que no se oculten bajo sus subordinados.
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