Odebrecht y nuestro rezago
Entre más conocemos del caso Odebrecht, más impacta su forma de operar. Esta empresa instaló un sistema internacional de corrupción, completamente funcional y estratégico. Contaba para ello con toda una estructura de personal con funciones claras y objetivos centrados en sobornar gobiernos, y destinaba de forma natural cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del gobierno. Hoy, las pruebas reveladas ante el Tribunal Supremo de Brasil, en el caso Lava Jato, están tambaleando las democracias de América Latina.
La empresa es investigada por dar sobornos en 12 países para conseguir contratos en todo el continente.
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, es acusado de haber recibido, a través de su empresa privada, 4 millones de dólares de Odebrecht para realizar contratos con el gobierno de Perú.
Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador, está acusado por la Fiscalía General de ese país, de haberse beneficiado con 13.5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht, por contratos que el gobierno de Ecuador celebró con esa empresa entre 2012 y 2016, por lo que podría pasar seis años en prisión.
Es de destacar que Ecuador tiene una Fiscalía autónoma del Ejecutivo, lo que ha permitido que las investigaciones tengan un curso normal.
En Brasil se han visto involucrados el actual presidente, Michel Temer, así como Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.
En Colombia se ha relacionado el caso con el actual presidente Juan Manuel Santos. La Fiscalía de Brasil señala que, en la campaña presidencial de 2014, se pagaron sobornos a un allegado del entonces candidato a cambio de celebrar contratos.
En Argentina, el actual gobierno y las últimas dos administraciones también han sido señaladas en el caso Lava Jato, el cual es, en este momento, el caso más dramático de corrupción que se ha revelado ante un Tribunal.
En nuestro país, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recientemente sancionó a la empresa y señaló que “no podrá participar por sí misma en procedimientos de contratación o celebrar contrato alguno con entidades de gobierno federal […], por encontrarse inhabilitada temporalmente por el plazo de cuatro años”.
La SFP también informó que se sancionó a Odebrecht por cobrar 119 millones de pesos de costos indirectos, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la refinería Miguel Hidalgo.
Sin embargo, las acusaciones fuertes de soborno son las que involucran a Emilio Lozoya, quien fuera encargado de las relaciones internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el año de 2012. El exdirector en México de la empresa Odebrecht dio testimonio en el caso Lava Jato sobre la manera en que, presuntamente, sobornó a Lozoya a cambio de contratos para la empresa.
El caso Odebrecht nos revela cómo opera la corrupción en el mundo entero. Pero también que hay diferencias.
Países como Brasil, Ecuador y Perú, si bien se ven sacudidos por la corrupción y sus consecuencias, también demuestran que las instituciones y los poderes tienen un buen margen de autonomía que permite que las fiscalías investiguen, que el Congreso llame a cuentas o que los tribunales sancionen.
En México, el caso Odebrecht muestra exactamente lo contrario: que las instituciones que detectan, investigan y sancionan corrupción están capturadas o maniatadas y son profundamente débiles como para cumplir con su función.
Sólo recordar que Santiago Nieto Castillo, exfiscal en materia de delitos electorales, fue removido por el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, luego de expresar que Emilio Lozoya lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto. El fiscal quiso que el Senado revisará su remoción. Luego claudicó y calló.
Odebrecht nos recuerda el largo camino que nos falta por recorrer para combatir la corrupción y la impunidad que impera en el país. Nos recuerda los rasgos de república bananera que conservamos. Y lo inútil de hablar de desarrollo, o de pretender convertirnos en potencia, ante la debilidad de nuestro estado de derecho. En este tema estamos atrás de los rezagados.