Exsecretario del PRI, a proceso por peculado
El juez determina prisión preventiva por seis meses y otra investigación
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario del CEN del PRI, fue vinculado a proceso por el juez Octavio Armando Rodríguez, por el delito de peculado agravado y le impuso prisión preventiva por seis meses; además dio un plazo de cuatro meses para una investigación complementaria.
Documentos que evidencian la simulación de contratos con empresas fachada, testimonios contra “importantes personajes” de la vida política nacional del PRI, el exgobernador César Duarte y funcionarios de la administración local, así como dichos sobre posibles amenazas de muerte, son algunas pruebas que la Fiscalía de Chihuahua ventiló ayer contra Alejandro Gutiérrez, a quien acusa del desvío de 246 millones de pesos para financiar campañas del tricolor en 2016.
La Fiscalía de Chihuahua reveló la declaración de Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación del estado, quien no sólo implicó en el desvío al exgobernador César Duarte, sino también reveló una plática que sostuvo con Gutiérrezgutiérrez.
Yáñez, ya sentenciado, contó que hizo saber a Gutiérrez que el desvío había sido descubierto y que gente del PAN tenía copias de las facturas, a lo que Gutiérrez cuestionó: “¿Y por qué sigue viva la persona que entregó esas facturas?”
Según el relato leído por Priscila Licón, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua, ante esa respuesta, Yáñez le dijo a Gutiérrez que “en ese caso después tendrían no sólo el problema del desvío de dinero, sino también el de un homicidio”.
La Fiscalía mostró, además, documentos que evidencian la simulación de contratos con empresas fachada (Servicios y Asesoría Samex; Servicios y Asesorías Sinax; Servicios y Asesorías Sissas; Despachos de Profesionistas Futura; y Combustibles y Jets SA de CV), usadas para el desvío de los recursos.
Los contratos se habrían llevado a través de la Secretaría de Educación y uno más con la Secretaría de Gobierno, este último (SH/AD/067/2016) con la empresa Combustibles y Jets SA de CV, propiedad de Gutiérrez, quien se benefició con 4 millones de pesos.
La fiscalía pidió que parte de la audiencia fuera privada porque se leyeron declaraciones de testigos protegidos que implicaron en el caso a funcionarios federales y miembros del PRI. Varios de los testigos acusaron que hubo presiones desde Secretaría de Hacienda federal para pagar los contratos.