¿Por qué César Duarte no?
Habrá mil cosas que comentar a propósito de la detención de Alejandro Gutiérrez en Coahuila, para ser trasladado a Chihuahua. Más se podrá especular sobre la veracidad de la acusación en su contra, y según Reforma y The New York Times, sobre el desvío de más de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016. Y aún más podremos aventurarnos, sin miedo a equivocarnos, en relación a otras operaciones de esta misma naturaleza en otros estados. Por último, habrá tiempo para descifrar un gran enigma: si el PRI desvió, obtuvo y gastó tantos miles de millones de pesos en las 12 contiendas electorales para gobernador del 2016, ¿por qué perdió 9 de ellas?
Pero en este momento quisiera detenerme en una faceta muy particular del caso Chihuahua. Según el periódico neoyorquino, César Duarte, el exgobernador de ese estado, huyó a Estados Unidos, donde “está evadiendo cargos federales y estatales de corrupción... Su hija es ciudadana norteamericana, y, de acuerdo con documentos jurídicos revisados por el Times, el exgobernador ha solicitado la residencia permanente en Estados Unidos”.
La gran interrogante, que se ha formulado en múltiples ocasiones Javier Corral, el actual gobernador, se refiere al motivo del gobierno de Estados Unidos de no deportar a Duarte en vista de su situación migratoria irregular. Pregunta que Corral le ha dirigido también a las autoridades norteamericanas.
Me explico. En el caso de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, la cosa es más clara. Desde el 19 de junio de 2015, el mismo rotativo estadounidense informó de la acusación en su contra por un gran jurado en San Antonio, Texas. Anduvo como Pedro por su casa en México –tuve el honor de saludarlo en un restorán de Polanco hace un año– hasta que fue detenido hace un par de meses. Sólo entonces Washington solicitó su extradición. No antes, y por ello no había sido arrestado en México, porque las autoridades mexicanas les habían explicado a las norteamericanas que una solicitud de detención provisional no sería aceptada.
Duarte no tiene nacionalidad norteamericana. Cuando se trasladó a Estados Unidos, hace más o menos un año, lo hizo con una visa B1-B2, ya que tampoco contaba con la “green card” que ahora ha solicitado. Por lo tanto, ha permanecido en Estados Unidos más de un año con visa de turista. Se entiende que el gobierno de México no solicite su extradición, aunque Corral ha insistido en ello. No se entiende la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos no ha accedido a la petición de Corral de expulsarlo a México en vista de esa situación migratoria ilegal.
En el caso de Guatemala, desde la definición del exvicepresidente Joe Biden, hace casi 3 años, en torno al financiamiento norteamericano de la CICIG y de la alianza por la prosperidad, Washington ha sostenido que el combate a la corrupción en países cuya estabilidad es un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos, es un asunto de seguridad nacional. En el caso de México en tiempos recientes, esto ha comenzado a ser cierto –ver el caso de Tomás Yarrington, el propio Eugenio Hernández, probablemente el de Roberto Borge en Panamá, el fiscal Édgar Veytia de Nayarit. Pero en el caso de César Duarte no. Sólo se me ocurren dos explicaciones. La primera es que el gobierno de México, a diferencia de los otros casos citados, en este ha insistido con vigor en la importancia de que Duarte permanezca en libertad. La otra, más complicada, es que Estados Unidos haya comprendido que toda denuncia de corrupción en México, abona a favor de AMLO en las elecciones del 1 de julio, a menos de que se demuestre lo contrario. Es mejor esperar hasta después de dichas elecciones.