AUTONOMÍA RELATIVA
Hace un año, todos querían que concluyera el 2016. Durante esos 12 meses el mundo vio a Donald Trump ganar elecciones; se revelaron redes de corrupción a través de la investigación de los Panama Papers; una grave crisis migratoria dejó a miles de indocumentados muriendo en el mar Mediterráneo, y en México habíamos visto la corrupción en su máximo esplendor a través del caso Javier Duarte.
El 2017 empezó con el gasolinazo y supimos que el panorama no iba a regalarnos tregua. En nueve días otro año va a iniciar y la estela de impunidad que deja este no nos deja ser alentadores.
Quizá sea ‘corrupción’ la palabra que más hayamos escuchado; ‘impunidad’, un poco detrás de ella. Una grosera impunidad que ha encontrado cobijo en todos los partidos políticos, y que tiene también su representación en aquél que hasta este 2018 se dirá Presidente de la República.
Al actual gobierno no sólo le debemos al veracruzano Javier Duarte, y a un Roberto Borge, a punto de regresar al país en calidad de detenido; en el círculo cercano hay más personajes: ejemplo de un ‘nuevo PRI’, dispuesto a todo para seguir enquistado en Los Pinos.
Esta semana, a través de una nota del diario Reforma, supimos de una presunta triangulación de recursos públicos de los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, gobernados por los ‘nuevos priistas’, quienes, a través de la Secretaría de Hacienda, en manos en ese momento de Luis Videgaray, habrían canalizado 250 millones de pesos para campañas del PRI en 2016.
Reforma tuvo acceso a la declaración ministerial del testigo con ‘Identidad Reservada’ I701/2017, rendida ante la Fiscalía de Chihuahua y que, según fuentes oficiales, corresponde a Jaime Herrera (exsecretario de Hacienda de Chihuahua).
“El exfuncionario detalló que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y exsecretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones”, señala la investigación periodística.
La indagatoria ya tiene en la cárcel a Alejandro Gutiérrez, y por supuesto que el PRI, a través de sus operadores tradicionales, como César Camacho, líder tricolor en la Cámara de Diputados, ya se deslindó y acusa ‘campaña sucia’.
Con esto, el año cierra manchando a otros dos de los grandes personajes del gobierno sexenal que no conoció límites intentando conservar el poder: al priista Manlio Fabio Beltrones y el ahora canciller Luis Videgaray. En 2017 supimos también del involucramiento de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y amigo personal del presidente Peña, en la red de corrupción y sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que ya tiene a expresidentes, senadores y empresarios en prisión en el mundo y que en México se mantiene en la impunidad.
Supimos de las ligas del secretario Miguel Ángel Osorio Chong con empresas hidalguenses de la construcción, que durante este sexenio han crecido y obtenido contratos por casi 2 mil 600 millones de pesos. Nos enteramos también del desvío multimillonario, a través de 11 dependencias federales y cinco universidades estatales, por el trabajo periodístico de La Estafa Maestra, donde nombres como el de Rosario Robles o el ahora gobernador mexiquense y entonces titular de Banobras, Alfredo del Mazo, salieron a relucir. La muerte de dos personas y un paso express irregular también alcanzó a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Incluso Raúl Cervantes, exprocurador, se vio envuelto en casos de corrupción, como la evasión de impuestos de un automóvil Ferrari emplacado en Morelos para no pagar la tenencia en la Ciudad de México.
Y el Ejecutivo nos regaló un último dulce para cerrar el año: promulgó la Ley de Seguridad Interior, a pesar de la enorme e histórica petición internacional y nacional de todos los organismos posibles, de detenerla porque implicaba dar facultades a los militares, para las que no están preparados. Eso, enmarcado en las cifras que lo convierten en el año más violento en décadas.
¿En serio esa es la ruta que queremos el próximo año? Ojalá el 2018 no sólo traiga más casos de corrupción, sino un cambio que está en las manos de los ciudadanos.