Trump contra la mariguana
El presidente Donald Trump está cediendo el manejo de la política contra las drogas a Jeff Sessions, su procurador general de justicia, un político archiconservador y de mano dura contra el consumo de enervantes. Durante la campaña, Trump se alineó con el ala moderada republicana quien considera que el uso recreativo de la mariguana es una prerrogativa de los estados. Sin embargo, a raíz del pasado 4 de enero, la postura prohibicionista del procurador se convirtió en la línea del gobierno de Trump.
Sessions publicó un memorando que termina con lo que era conocido como la directiva Cole, una política del expresidente Barack Obama que limitaba la intervención federal sobre individuos y empresas que venden mariguana para usos recreativos, a pesar que para el gobierno federal seguía siendo una sustancia prohibida. James Cole, subprocurador general de Obama, publicó en 2013 un memorándum con la intención de que la ley federal sobre narcóticos se aplicara laxamente en los estados que habían legalizado la mariguana para usos recreativos.
La directiva de Cole establecía que el gobierno federal no debería interferir en los estados con uso recreativo legal, siempre y cuando éstos cumplieran ciertos requisitos como “prevenir la violencia y el uso de armas de fuego en el cultivo y distribución de la marihuana”. Desde el 2012, ocho estados más el Distrito de Columbia (la capital) han legalizado la mariguana para uso recreativo: Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón y Washington.
El objetivo de Cole era evitar saturar el sistema judicial por sentencias a infracciones menores de drogas, las cuales son muy costosas de implementar para los estados y además poco efectivas en la reducción de la oferta y la demanda. De esta manera, la política Cole estaba incentivando a que otros estados legalizaran la mariguana.
En su anuncio del 4 de enero, Sessions declaró que los ministerios públicos federales determinarán si deben procesar a cultivadores y distribuidores. Más que una política efectiva contra las drogas, la directiva de Sessions genera confusión sobre el alcance de las autoridades federales, afectando así el mercado legal de la marihuana para fines recreativos. Dados los mensajes contradictorios a nivel federal y estatal, se espera que los habitantes de esos ocho estados vivan en la incertidumbre sobre la legalidad de consumir o vender mariguana.
Más grave aún, el anuncio de Sessions elimina incentivos para el comercio legal. Mientras que Cole tranquilizaba a los bancos sobre proveer servicios financieros a los comerciantes de mariguana, si cumplían con leyes estatales; la incertidumbre generada por el procurador Sessions hace más difícil el acceso a servicios financieros para los comerciantes.
La incertidumbre con los bancos, se calcula, generará un desafortunado efecto dominó entre los negocios legales de cannabis, invitando a actores con una mayor tolerancia al riesgo a entrar en un mercado rentable donde pueden ser acusados por el gobierno federal. Es decir, actores criminales.
Esta decisión es otro ejemplo de cómo el gobierno de Trump se ha trazado aniquilar el legado de Obama. El primer presidente afroamericano asumió una responsabilidad compartida en la guerra contra las drogas, pues reconoció no sólo el problema de la oferta sino también de la demanda en Estados Unidos. Al abandonar el memorando Cole, Sessions regresa al planteamiento de Richard Nixon y Ronald Reagan, quienes se enfrascaron en reducir la oferta y minimizaron la importancia de la demanda. En su realidad simplificada, Sessions busca contar una historia donde los vendedores son siempre miembros de grupos criminales y los consumidores víctimas indefensas que cayeron en las redes de encantadores de serpientes.
Notablemente, el anuncio de Sessions llega en un momento en que la popularidad de la legalización de la mariguana va en aumento.
De acuerdo con una encuesta de Gallup, 64 por ciento de los estadounidenses considera que la mariguana debe legalizarse.
El anuncio de Sessions representa los últimos vestigios de una política retrógrada e ineficiente para reducir el consumo y que va a contracorriente de los esfuerzos progresistas de la administración anterior, la cual estaba en sintonía con el interés ciudadano.