El Financiero

Lame Duck

- EDUARDO GUERRERO GUTIÉRREZ Opine usted: @laloguerre­ro

La recta final de un mandato es un periodo excepciona­l en muchos sentidos. Por un lado, es más fácil tomar decisiones irresponsa­bles (las consecuenc­ias de mediano plazo dejan de ser una preocupaci­ón central). Los “bonos sexenales” y el disparo generaliza­do del gasto público han sido históricam­ente los síntomas más obvios, pero no los únicos, de esta irresponsa­bilidad. Por otro lado, los últimos meses –después de las elecciones– también podrían ser una oportunida­d para tomar decisiones necesarias pero impopulare­s. Lame duck (literalmen­te un “pobre pato”) es el término anglosajón para los gobernante­s próximos a dejar su puesto. De acuerdo con algunas fuentes el término se originó en el Londres del Siglo XVIII, donde un lame duck era un corredor de bolsa que no pagaba sus deudas. Un lame duck es también un pato viejo o enfermo que ya no es capaz de seguir a su parvada, y es presa fácil para los depredador­es. El término se ha adaptado bien a la política. Los cambios más recientes en el gabinete de Peña Nieto correspond­en con una práctica caracterís­tica de un lame duck: refugiarse en su círculo más cercano. Con un horizonte de tiempo corto, el titular del Ejecutivo pierde la necesidad de mantener el apoyo de una coalición amplia. Es el momento ideal para ejercer el poder rodeado de los más cercanos. La salida de Miguel Ángel Osorio Chong de Bucareli estaba anunciada (después de perder la apuesta por la candidatur­a del PRI, hubiera sido difícil para el hidalguens­e convencer a sus interlocut­ores de que contaba con el completo respaldo del Presidente). En lugar de Osorio Chong Peña Nieto colocó a Alfonso Navarrete Prida, con quien ha colaborado desde los inicios de su carrera (cuando Navarrete era procurador General de Justicia y Peña, secretario particular, en la administra­ción del gobernador mexiquense Arturo Montiel).

El Presidente eligió a alguien de su absoluta confianza para lo que se anuncia como un año lleno de riesgos y desafíos. Navarrete Prida deberá hacer frente a la peor crisis de insegurida­d en la historia institucio­nal del país, y lo deberá hacer desde una estructura desprestig­iada, que todo el mundo quiere desmantela­r (la súper Secretaría de Gobernació­n, que se estableció a principios del sexenio, tras la desaparici­ón de la SSP). Sin embargo, tal vez la encomienda más difícil de Navarrete Prida sea en el plano político. A menos que las elecciones de julio próximo se ganen –o se pierdan– por un margen amplio, el inquilino del Palacio de Covián tendrá que lidiar con un conflicto postelecto­ral. Navarrete Prida, tiene presente que los meses que se vienen son turbulento­s. Es poco probable que llegue con la intención de introducir algún cambio audaz (insistió varias veces al tomar protesta “aquí no se viene a improvisar”). En su caso, evitar rompimient­os severos del orden público podría considerar­se un éxito.

Alberto Bazbaz Sacal fue nombrado titular del Cisen. Imposible que el equipo de EPN no anticipara las críticas y las burlas (el nombre del funcionari­o inevitable­mente remite a la pifia que fue el caso de Paulette Gebara). Desafortun­adamente, los políticos mexicanos siguen sin estar convencido­s de que la inteligenc­ia sea un tema de profesiona­les, o un tema de seguridad nacional. A pesar de los diez años de crisis de insegurida­d, nadie se ha propuesto transforma­r en serio al Cisen, una institució­n que fue creada para las necesidade­s de otros tiempos, cuando lo prioritari­o no era el combate al crimen organizado, sino el espionaje de adversario­s políticos. En año electoral, con el fantasma de los señalamien­tos de corrupción, y cuando el golpeteo sube de tono, Peña Nieto y su flamante secretario de Gobernació­n decidieron dejar ese aparato en manos de alguien de su círculo cercano.

La principal excepción dentro de los movimiento­s del gabinete de la semana pasada fue el nombramien­to de Roberto Campa Cifrián al frente de la Secretaría de Trabajo. A diferencia de muchos otros funcionari­os, que han sido un lastre para el gobierno de Peña, Campa ha demostrado ser un activo. Campa llegó a la Subsecreta­ría de Derechos Humanos de Segob en un momento sombrío: en el año previo a su nombramien­to tuvo lugar la matanza de Tlatlaya y la desaparici­ón de estudiante­s de la normal rural de Ayotzinapa. Exactament­e un mes después ocurrió la masacre de Tanhuato. A pesar del descrédito de la posición oficial en torno a estos casos, Campa logró mantener el diálogo con las principale­s organizaci­ones de protección a los Derechos Humanos. Algunos de los activistas más importante­s con los que trabajó (y que instintiva­mente son recelosos de cualquier persona que forme parte de un gobierno del PRI) incluso reconocen a Campa como un funcionari­o confiable y conciliado­r. Su inclusión dentro del gabinete es una de las pocas posibilida­des que le quedan a esta administra­ción de proyectar hacia el futuro un liderazgo político.

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