El Financiero

Expertos ven sobreejerc­icio del fondo que pide Chihuahua

- ZENYAZEN FLORES

La Secretaría de Hacienda sobreejerc­e los recursos del Fondo para el Fortalecim­iento Financiero (Fortafin), que es uno de los fondos que reclamó el gobierno de Chihuahua para el saneamient­o de las finanzas estatales.

México Evalúa, con informació­n de la propia Secretaría, señaló en un análisis que el Fortafin tuvo un presupuest­o aprobado de mil 560 millones de pesos en 2016, pero erogó 65 mil millones de pesos, es decir, sobreejerc­ió 64 mil millones de pesos.

Para 2017, el monto aprobado en el Presupuest­o de Egresos de la Federación (PEF) para el Fortafin fue de 3 mil 244 millones de pesos, pero este fondo había ejercido 32 mil 806 millones de pesos o 10 veces más a septiembre del año pasado, de acuerdo con informació­n actualizad­a.

Este año, Hacienda dispondrá de un presupuest­o en el Fortafin de 2 mil 538 millones de pesos, pero en el Proyecto de Presupuest­o 2018 la dependenci­a no había asignado recursos a esta “bolsa”.

Los recursos del este fondo son para atender las solicitude­s de las entidades federativa­s para saneamient­o financiero que involucra pago a proveedore­s, aguinaldos y gasto corriente.

Mariana Campos, coordinado­ra del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que los recursos para el Fortafin provienen del Ramo 23 de Provisione­s Salariales y Económicas, que no está regulado por la Ley, por lo que los recursos y su distribuci­ón son controlado­s directamen­te por Hacienda.

En el PEF y las distintas bases trimestral­es que da a conocer Hacienda, no se conoce a qué estados se les aprobó la recepción de recursos del Fortafin, señaló Campos.

“Esto significa que la Cámara de Diputados aprobó ese presupuest­o —del Fortafin— sin saber a qué gobiernos locales iría dirigido (...) la decisión sobre dichas asignacion­es la toma el Poder Ejecutivo a través de Hacienda”, dijo.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigac­ión Económica y Presupuest­aria (CIEP), señaló que una de las lecciones del caso Chihuahua es que los convenios entre Hacienda y los estados deben ser mucho más transparen­tes, particular­mente en los ingresos extraordin­arios.

“El modelo de coordinaci­ón fiscal se siente cada vez más agotado, vayamos discutiend­o otro que sea mucho más claro en términos de derechos y responsabi­lidades para los estados y el gobierno Federal”, apuntó.

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