La caravana de Corral

@Jorgegcastaneda La caravana de Javier Corral encierra muchos atractivos interesantes. Su lucha –por detener, juzgar y sentenciar a César Duarte, por recuperar los recursos que Hacienda le retiró arbitrariamente, y por evitar que sus enfrentamientos con el gobierno federal se traduzcan en un repunte de la violencia en el estado– reviste múltiples características seductoras. Por ello es tan peligrosa para el gobierno, pero también para el propio Corral.

El régimen no descifra qué hacer con Corral. Sabe que el enfrentamiento lo beneficia, e indirectamente al Frente y a Ricardo Anaya. Pero también intuye que ceder o conciliar le puede traer serias contrariedades con una parte del PRI (los demás exgobernadores no presos, los amigos de Alejandro Gutiérrez, el candidato) y sentar un precedente complicado. De allí sus palos de ciego: acusar a Corral de mandar torturar a Gutiérrez; aceptar en principio la petición de solicitar la extradición de Duarte, pero hacerlo a medias; buscar un diálogo con Corral a través del nuevo secretario de Gobernación; seguir reteniendo los fondos de diciembre (700 millones de pesos). No la tiene fácil, sobre todo si en las cajas de expedientes, notas y fichas de Duarte, recién descubiertas en una de sus propiedades, aparecen más pruebas de los desvíos ilegales de recursos.

Un peligro adicional para el gobierno consiste en la posibilidad de emulación: que uno de los otros gobernadores electos en 2016 se atreva a revelar mecanismos ilegales de financiamiento en sus estados, por parte de sus predecesores. Hasta ahora, ninguno ha osado hacerlo en relación a 2016, aunque Miguel Ángel Yunes y Carlos Joaquín han participado en o dirigido el esfuerzo para encarcelar a Javier Duarte y Roberto Borge. Ni hablemos de si cundiera el ejemplo de Corral para los casos de 2010, 2011 y 2012: cuando Humberto Moreira primero canalizó recursos

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