ALCALDE DE CD. MADERO PONE EN RIESGO ABASTO.
El alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorilla, estableció una disposición municipal que pone en riesgo el abasto de turbosina en aeropuertos como el de Monterrey, Guadalajara, entre otros del Pacífico mexicano.
El Ayuntamiento de Ciudad Madero activó, desde el pasado 15 de enero, operativos para impedir el tránsito de autotanques y ‘fulles’ (doble remolque) que no cuenten con un permiso municipal autorizado en la Ley de Ingresos del municipio con un costo de más de 100 mil pesos por semestre.
Esta acción perjudica a los autotanques al servicio de Pemex encargados de distribuir com- bustibles provenientes de la refinería Francisco I. Madero de esta ciudad, algunos de los cuales fueron arrastrados a instalaciones en el municipio vecino de Altamira en donde se adolece de seguridad operacional, generando un riesgo para la sociedad, imponiendo además multas hasta por 70 mil pesos.
En la región operan aproximadamente 280 fulles, que transportan turbosina, diésel o gasolina para abastecer de combustible a los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara y Torreón, así como para estaciones de servicio en Aguascalientes, Zacatecas, Ciudad Victoria, San Luis Potosí, Ciudad Valles y El Mante.
La verificación de los vehícu- los que transportan hidrocarburos, de acuerdo a los articulo 41 y 50 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y a la NOM002-SCT-2011, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Sin embargo, pese a ello, se aprobó una Ley de Ingresos en el estado que da margen para que los municipios ejerzan esa función.
El Congreso de la Unión dispuso que tratándose de materiales y residuos peligrosos, serán las dependencias federales a quienes les corresponda la regulación de dicha materia, tal y como lo dispone el artículo 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente,
por lo que los actos del Congreso Estatal de Tamaulipas al expedir la Ley de Ingresos que contiene el artículo 38 apartado D Fracción II, así como los actos de las autoridades de Protección Civil Municipal, son inconstitucionales, de acuerdo con especialistas.
Empresarios de las 18 compañías
transportistas de la zona, ya han iniciado acciones legales, interponiendo juicios de amparo en contra de la nueva disposición de la Ley de Ingresos.
Estiman que estos operativos son anticonstitucionales y sólo tienen fines recaudatorios por parte del municipio.