VALERIA MOY
“Dejamos de prestar atención al Estado de derecho, al cumplimiento de la ley”
Este fin de semana cerraron las precampañas de quienes aspiran a los múltiples cargos de elección popular que se elegirán el 1º de julio. A pesar de lo molesto de algunos spots y de lo extraño del proceso, dado que en teoría es solo para militantes de los partidos, me pareció que nos puede dar una idea de lo que viene cuando se retomen las campañas. Ojalá que los candidatos usen efectivamente este periodo intercampaña para reflexionar sobre sus aciertos y errores, pero, sobre todo, para pensar lo que este país —y sus ciudades y estados dado que habrá más de 3 mil puestos de elección popular— necesitan. No sólo en sus intereses personales o ansias de poder, sino en lo que verdaderamente se necesita para que México avance. Hay tantas carencias —más allá de las sociales— que no debería de ser difícil presentar buenas propuestas.
Entre esas carencias, una fundamental que padecemos todos los que aquí vivimos es el Estado de derecho. Recientemente se publicó el Índice de Estado de derecho que el World Justice1 Project saca anualmente. Ponerle una medición a un tema tan amplio y ambiguo es un ejercicio relevante para poder evaluar avances y retrocesos. El WJP considera ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la regulación, justicia civil y justicia criminal.
El Índice se calcula en 113 países a través de encuestas a hogares y a expertos en los temas evaluados. Los mayores retrocesos del índice a nivel mundial se observaron en los derechos fundamentales —que mide ausencia de discriminación, derecho a la vida y seguridad, libertad de expresión y de culto, derecho a la privacidad, libertad de asociación y derechos laborales— 76 países empeoraron. Los países líderes en Estado de derecho son —sin sorprender a nadie— Dinamarca, Noruega y Finlandia. Los tres peores, tampoco sorprende, son Afganistán, Camboya y Venezuela (lo que sorprende es que aún haya quien defienda el régimen venezolano). De los diez mejores, siete están en Europa. Los acompañan Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Estados Unidos ocupa la posición 19.
En Latinoamérica, el mejor evaluado es Uruguay, en el lugar 22, seguido de Costa Rica y Chile. México se encuentra en el lejano 92avo lugar. 92 de 113. Colombia, El Salvador y Ecuador, por nombrar algunos, están mejor evaluados. Justo arriba de México se ubica Uzbekistán y abajo Sierra Leona. De los países latinoamericanos sólo Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela están peor en la clasificación.
No solo estamos en una posición lamentable, sino que empeoramos cuatro lugares. En todos los indicadores del Índice, México sale en un mal nivel, pero donde salimos peor es en ausencia de corrupción (102 de 113) y en justicia criminal (105 de 113). Entrando a rubros más específicos, las mayores carencias de Estado de derecho se observan en la ausencia de corrupción en la legislatura, que se refiere a que los legisladores no usen su cargo público para beneficio personal, empatado con la falta de un sistema correccional efectivo.
El rubro en el que México sale mejor evaluado es en gobierno abierto. No estamos en los niveles deseables. Hay que verificar la calidad de la información y la forma en la que se presenta al usuario, pero de las áreas que el WJP evalúa, es donde salimos mejor librados, particularmente en la publicación de información oficial y acceso a la misma.
¿En qué momento dejamos que el país se convirtiera en eso? Quizás se deba al eterno dilema entre lo urgente y lo importante. Tal vez, sólo como hipótesis, a lo largo del tiempo, nos hemos enfocado en controlar —que no resolver necesariamente— lo urgente y hemos olvidado lo importante. Quizás por enfocarnos en atender las fuertes crisis económicas de los 70, 80 y 90 y cuidar la estabilidad macroeconómica, aspecto relevante para la marcha de cualquier economía, dejamos de prestar atención al Estado de derecho, al cumplimiento de la ley.
Hoy el tema ya no es sólo importante. Es urgente. No será fácil de resolver, pero es imperante que se atienda. Un buen lugar para empezar sería continuar con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿algún candidato se comprometerá a hacerlo? ¿Algún candidato se tomará el tema en serio? ¿O seguiremos resolviendo lo urgente y olvidando lo importante?