Javier Risco El desastre de la reconstrucción II
Ricardo Becerra, excomisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, visitó 150 puntos de emergencia tras el sismo del 19 de septiembre. Supo diferenciar lo importante de lo urgente, habló con damnificados y comenzó a enlistar pendientes, a verificar necesidades. Tras poco más de tres meses de labor reconoció que uno de los puntos fundamentales de la reconstrucción era brindarles certeza jurídica a los damnificados, lo que se resolvería otorgando a cada uno de ellos un dictamen oficial, para lo que se necesitaban 100 millones de pesos de los casi 8 mil millones destinados para esta primera etapa.
Cien millones suenan mucho, pero para los cientos de miles de damnificados implicaba la contratación de un ejército de DROS (Directores Responsables de Obra) que hicieran las verificaciones estructurales, tomando en cuenta que la famosa Ley de Reconstrucción que tanto se presionó en la ALDF para aprobar, marcaba el plazo fatal de 15 de marzo para entregar los dictámenes.
Con el personal actual, el gonera bierno de la Ciudad no se ha podido dar abasto. Lo puso por escrito, lo mandó a la Asamblea Legislativa, donde fue –entre muchas cosas más– de los requerimientos que ignoraron de ma- improvisada los perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo y el panista Jorge Romero.
“Como le informé, las prioridades detectadas por la Comisión en estos momentos son: a. Certeza jurídica; b. Anulación del riesgo para las personas, y c. Estudios de suelo y Reforzamiento. Se trata de temas que no fueron ideados en gabinete sino fruto de la cercanía, la visita constante y el diálogo con los damnificados, tal como usted me lo instruyó. Como puede ver, estimado Jefe de Gobierno, existe una discrepancia en la cual la Comisión resulta ya superflua y no cabe en el esquema que la Asamblea diseñó dentro del Decreto de Presupuesto dc Egresos 2018”, se lee en la renuncia de Becerra firmada el viernes 16 de febrero.
Y es que, desde la ALDF, los tres diputados, miembros de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo, pero sobre todo, importantes operadores del Frente en la Ciudad con acceso a miles de millones de pesos en plena época electoral, no diseñaron un presupuesto basado en las necesidades urgentes. Al menos no en las de los damnificados.
Este trío, que en diciembre decidió darse facultades ejecutivas siendo un órgano legislativo, ya tenía otros planes para la bolsa de recursos y gastar 100 millones de pesos en algo que no les parecía tan prioritario, por lo que sólo ‘dieron permiso’ para que se gastaran 11 millones de pesos. No, no tienen la menor idea de las urgencias de la reconstrucción.
Sólo por el equipo con que contaba, el gobierno mancerista había logrado formar una comisión con credibilidad, que ya es mucho decir en su administración, y con el aval de personas con la mirada única y la experiencia de personajes como Katia D’artigues, activista por los derechos de las personas con discapacidad, para asegurarse que la reconstrucción fuera transversal y accesible, quien también renunció tras conocer que el presupuesto asignado había sido decisión de unos cuantos diputados locales, dejando a la Comisión “en un limbo jurídico que no da claridad ni certeza a nadie”.
A la renuncia de ellos le siguió la de Mauricio Merino, encargado de Transparencia de la Comisión y ayer la del subcomisionado Fernando Tudela. Ninguno estuvo dispuesto a jugar el juego de la simulación que se delineó desde el palacio legislativo de Donceles.
“El jueves pasado me informan los mismos diputados que ya fueron decididos los recursos desde el 29 de diciembre del año pasado. ¿Y el programa que presentamos el 15 de enero? ¿Y las necesidades que han ido cambiando en la ciudad?”, explicó Becerra en entrevista en el espacio de Wradio.
Ayer en el diario Reforma, nos enteramos que no sólo estos tres diputados ya habían decidido desde diciembre, desde su escritorio, desde la ignorancia de las urgencias de los afectados, el destino de casi 9 mil millones de pesos, sino que además ya habían ejercido más de 500 millones de pesos a servicios personales, es decir burocracia.
Ante el escándalo que ha significado para todos que tres personajes sin el mínimo intento por saber cuáles son los problemas a resolver en la reconstrucción de la ciudad, Miguel Ángel Mancera dio un manotazo en la mesa. Ni eso ha sido suficiente calma para los damnificados de la delegación Benito Juárez y el Multifamiliar Tlalpan, quienes expresaron, en dos momentos diferentes, no haber recibido en cinco meses ninguna ayuda. Tampoco lo será para que los cuatro personajes que renunciaron regresen a su tarea, pues su renuncia es irrevocable.
Y aun así, con el cinismo expuesto, con el regaño público del jefe de Gobierno, los tres políticos del Frente dicen ‘no estar arrepentidos del proceder’ e incluso defender la atribución que se auto dieron. No cabe duda que en cinco meses, si para algo se trabajó en la ciudad es para reducir la reconstrucción, a cero.