Seguridad y corrupción en primer debate
Ciudad de México, Tijuana y Mérida serán las sedes de los tres encuentros
“Necesitamos más debates, no menos y necesitamos fomentarlos no inhibirlos” BENITO NACIF Consejero electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) definió ayer los temas y las sedes de los debates que se realizarán entre los candidatos presidenciales, que deberán presentar sus propuestas sobre “Gobierno, política y derecho humanos”, “Política exterior, comercio y migración” y “Pobreza, desigualdad y economía”.
La Comisión Temporal de Debates aprobó el anteproyecto de acuerdo con los criterios específicos para la definición de formatos y realización de los tres debates, en las que se establecieron las sedes específicas.
El debate del 22 de abril, que se realizará en la Ciudad de México, será en el Palacio de Minería; el del 20 de mayo, en Tijuana, será en el Campus de la Universidad Autónoma de Baja California, y el del 12 de junio, en Mérida, Yucatán, se llevará a cabo en el Gran Museo del Mundo Maya.
El acuerdo, que será presentado ante el Consejo General el 28 de febrero, también establece los subtemas que se abordarán en cada encuentro. En el primero, deberán debatir sobre sistema constitucional y democracia; seguridad pública y violencia, y combate a la corrupción y transparencia. En el segundo, México y su papel en el mundo; comercio internacional, inversión e innovación, y migración en la frontera norte y la frontera sur. En el tercero, pobreza y desigualdad; educación, salud y otros servicios, y política económica y empleo.
Durante la sesión de la Comisión, las representaciones del PRD, PT, MC y PAN demandaron al INE que no sólo se considere la obligatoriedad de que se transmitan los dos últimos debates, dejando libre el caso del primero, como lo establece el acuerdo, pues manifestaron que no puede haber debates “de primera y de segunda” y se debe garantizar que todos lleguen a la ciudadanía.
En tanto, el consejero Ciro Murayama atestiguó la firma del programa de trabajo con la FEPADE para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, divulgación y difusión para prevenir y perseguir los delitos electorales.