El Financiero

¿Cómo leer el Índice de Percepcion­es de Corrupción 2017?

- Benjamin Hill @benxhill

La semana pasada, Transparen­cy Internatio­nal (TI) dio a conocer los resultados del Índice de Percepcion­es de Corrupción (IPC) 2017, que ha publicado de forma consistent­e desde 1995. Los resultados, como cada año, son bastante predecible­s: en los primeros lugares están los países nórdicos, acompañado­s por Nueva Zelanda y Singapur; los países peor calificado­s, por regla general, son africanos y del Medio Oriente, afectados por una grave debilidad institucio­nal, gobiernos autoritari­os y conflictos armados. México recibió este año una calificaci­ón de 29/100, un punto menos que en 2016, y su ranking en la tabla es 135/180, bajando 12 lugares respecto de la medición anterior. Pero más allá de números y posiciones, ¿qué nos dice este índice? ¿Cómo debemos leerlo? ¿Debemos asumir que una baja calificaci­ón significa que hay mucha corrupción? ¿Qué utilidad tiene el IPC?

El IPC ordena (y califica) a los países a partir de los niveles de percepción de la corrupción en el sector público, de acuerdo con opiniones de expertos y gente de negocios. El IPC integra distintas fuentes de informació­n, por ejemplo, el Reporte de Competitiv­idad Global del Foro Económico Mundial, el Country Risk Service and Country Forecast del Economist Intelligen­ce Unit y otros estudios. Como las fuentes de informació­n miden cosas distintas, se les estandariz­a, esto es, se “a las peras y se “a las manzanas de modo que ambas puedan ser sumadas. Dado que se le da el mismo peso a cada fuente de informació­n, el IPC no es más que la media simple de varios índices y reportes. Muchas de esas fuentes de informació­n no califican a todos los países de la lista, o no publican mediciones anuales para todos, por lo que el IPC para cada país se calcula con base en un cóctel específico compuesto de distintas fuentes de informació­n, algunas publicadas en años distintos. El IPC usa una escala que va del 0 (mucha corrupción) a 100 (poca corrupción o “muy limpio”); incluye mediciones para una lista de 180 países, y también coloca a cada uno en un

que indica su posición relativa en la lista. El IPC sólo toma en cuenta la corrupción en el sector público, no nos dice nada de la corrupción en el sector privado. Dado que los reportes y estudios que integran la calificaci­ón del IPC para cada país miden distintas cosas –unos miden la corrupción en trámites, otros miden la “gran” corrupción política, otros miden la frecuencia de los actos de corrupción, otros miden los montos del dinero escamotead­o–, al final lo que parece que TI sugiere es que la agregación de valoracion­es subjetivas sobre la corrupción provenient­es de fuentes heterogéne­as, conducen, de manera un poco contradict­oria, a una medida más o menos precisa sobre la dimensión del problema de la corrupción en cada país.

Esto es una forma de decir que el IPC es una aproximaci­ón, un intento sincero pero no exacto por medir un fenómeno político, administra­tivo, económico, ético, cultural y social, como la corrupción que en realidad no se puede medir. Es posible medir algunas manifestac­iones de la corrupción, pero se trata de un fenómeno tan amplio y diverso que es imposible resumir en un índice toda su complejida­d.

El IPC, las calificaci­ones y

pueden hacernos pensar que hay países que están libres de corrupción, los alumnos de “10”, y que el resto de los países como el nuestro estamos reprobados. En realidad, la corrupción está presente en todas las sociedades y su combate no es una meta a alcanzar, sino que se trata de un trabajo constante y permanente de políticas públicas continuas y efectivas, preventiva­s y correctiva­s que buscan hacer que los actos de corrupción sean más difíciles y menos dañinos para la sociedad. El combate a la corrupción debe ser en realidad, la construcci­ón de institucio­nes para controlarl­a de forma efectiva en el tiempo.

La calificaci­ón de México en el IPC no nos dice nada que no sepamos ya de antemano: que México tiene un problema de corrupción importante y que nos encontramo­s más o menos en una situación similar a la de otros países con niveles equivalent­es de desarrollo. La calificaci­ón histórica de México en el IPC ha estado dentro de un rango de valor muy estrecho, por lo que los cambios de calificaci­ón que ocurren año con año no pueden vincularse a hechos específico­s positivos o negativos, como grandes casos de corrupción o reformas legales importante­s. Una limitante importante del IPC es que dado que se trata sólo de una calificaci­ón, no ayuda a establecer prioridade­s de política pública, no nos dice qué tipos de corrupción son los más frecuentes, no nos dice cuál es la población victimizad­a ni en qué regiones del país el problema tiene mayor prevalenci­a. No nos dice tampoco qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal o qué efecto han tenido políticas públicas específica­s, como la consolidac­ión del derecho de acceso a la informació­n. En suma, el IPC no pasaría muchas pruebas académicas de consistenc­ia y levantaría las cejas de muchos expertos en estadístic­a.

Sin embargo, la publicació­n anual del IPC sigue siendo el evento internacio­nal más trascenden­te en cuanto al llamado de atención de la sociedad civil a los gobiernos para colocar el combate a la corrupción en la arena pública. La importanci­a objetiva del IPC es que nos ayuda a simplifica­r un debate que de otra forma sería imposible abordar; nos da un parámetro que, con todas sus limitantes, nos recuerda año con año que es importante seguir trabajando en políticas públicas y reformas legales que nos ayuden a controlar la corrupción.

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