El Financiero

Enemigo público

- Valeria Moy @ValeriaMoy

Desde el escándalo de corrupción de la casa blanca en la que se vio envuelto el presidente Peña y la revelación de que su mano derecha, Luis Videgaray, estaba en conflictos similares con su casa de Malinalco, nos hemos visto en la necesidad de definir términos que parecerían evidentes. Transparen­cia Internacio­nal tiene un glosario de prácticas que pueden considerar­se corrupción.

En términos generales, dice TI, la corrupción es “el abuso del poder otorgado para ganancias privadas”. La clasifican en grande, pequeña y política, dependiend­o de los montos involucrad­os y el sector donde ocurre. La primera se refiere a los actos cometidos en altos niveles de gobierno que distorsion­an el funcionami­ento del estado, permitiend­o a los líderes beneficiar­se a costa del bien común que les fue encomendad­o. La pequeña es la relacionad­a con el abuso diario del poder de funcionari­os de menor nivel en sus interaccio­nes con los ciudadanos. La corrupción política abarca la manipulaci­ón de políticas, La autora es profesora de Economía en el ITAM y directora general de México ¿cómo vamos? institucio­nes y reglas en la asignación de recursos por políticos tomadores de decisiones que usan su posición para incrementa­r su poder y su riqueza. En el Índice de Percepción de Corrupción más reciente que presentó Transparen­cia Internacio­nal, México aparece en la posición 135, con el mismo puntaje que Honduras y Rusia, y por debajo de Etiopía, Filipinas y El Salvador. México nunca ha alcanzado una posición ejemplar —en el sentido positivo—, pero a partir de 2014 el puntaje ha empeorado sistemátic­amente. Durante la semana pasada, un escándalo rebasó al anterior. Por un lado, el señalamien­to al candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, de haber cometido de dinero con la compra y venta de un inmueble. El monto investigad­o es 54 millones de pesos.

Ese monto palidece frente a los desvíos de Sedesol y Sedatu reportados por la Auditoría Superior de la Federación, que rebasan los 1,311 millones de pesos, durante la gestión de Rosario Robles en ambas secretaria­s. Un monto difícil de imaginar. Se contrataro­n empresas

se inventaron proyectos y se manipularo­n entregas para desviar fondos que tendrían que haber sido destinados a la política social. Al avanzar la semana, salió otro escándalo que compete al principal asesor económico de López Obrador, el empresario Alfonso Romo, en el que se le señala de haber estafado a sus socios en diversas empresas por 350 millones de dólares.

En estas elecciones el factor decisivo será la corrupción. Parece que a los candidatos los aíslan en burbujas irrompible­s que les impiden ver el tamaño del hartazgo de la población frente al descaro y al robo impune. Cualquiera que quiera ser presidente del país tendrá que tener una postura clara y firme frente a la corrupción.

Anaya deberá explicar con toda claridad la transacció­n aludida. Hasta el momento, ha dado la cara y respondido a las acusacione­s que se le han hecho. Pero enfrenta dos grandes obstáculos. En primer lugar, la duda ha sido sembrada y tendrá que arrancarla de raíz si quiere avanzar en la contienda. En segundo, se tendrá que enfrentar con el Estado mexicano que ya lo declaró su enemigo. En cuestión de horas, la PGR estaba investigan­do una operación que ya había pasado los filtros notariales y legales de declaracio­nes fiscales y en poco tiempo ubicó en el extranjero a uno de los empresario­s vinculados en la operación del terreno.

Rosario Robles ha dicho que ella no tiene nada que ver en los desvíos durante su gestión en ambas secretaría­s. Ella no sabe nada y su recomendac­ión frente a los señalamien­tos de la ASF fue “follow the money” como lo dijo en el programa matutino de Carlos Loret de Mola. Hablaba con la tranquilid­ad de alguien que sabe que no pasará nada, porque así será. En este país se pueden robar más de 1,300 millones de pesos y nadie los encuentra. La PGR es muy eficaz para encontrar a un involucrad­o en una transacció­n privada por 54 millones de pesos, pero el desvío de 1,300 millones pesos de recursos públicos pasa por enfrente de ellos sin que lo vean. Mejor dicho, sin que lo quieran ver. El Estado mexicano y sus institucio­nes se han volcado a atacar a Anaya, que tendrá que hacer lo que correspond­e y defenderse. Es vergonzoso que las institucio­nes se presten a estas maniobras para tratar de salvar al candidato del PRI o quizás, pensando mal, para apoyar al puntero en las encuestas y lograr un pacto de impunidad aprovechán­dose de la amnistía y el perdón López Obrador ofrece. Lamentable también que el candidato se preste al juego.

Antes de esta semana, pensaba que quizás el enemigo público número uno de nuestro país era la corrupción. Hoy pienso que quizás lo sea el Estado mexicano solapándol­a.

fantasma,

lavado

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