Dan 10 años de cárcel a Granier por peculado
Deberá pagar 196 millones de pesos para reparar el daño que hizo al erario
La Fiscalía estatal informó que le dieron una pena de 10 años, 10 meses y 15 días de prisión al exgobernador de la entidad, Andrés Granier Melo, así como 525 días de multa por el delito de peculado.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que al exmandatario priista le impuso la reparación del daño por poco más de 196 millones de pesos. A Granier Melo se la acusa de desvíos de recursos del Seguro Popular cometidos durante el ejercicio 2010. Además, señaló que desde 2013 formuló acusaciones ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, con el objetivo de que se recuperaran los recursos públicos desviados “en agravio del pueblo de Tabasco”.
Las indagatorias por estos hechos se relacionaron con un faltante de 196 millones 918 mil 209 pesos del sector salud, pertenecientes al cuarto año de la administración anterior, mismos que deberán ser reintegrados al patrimonio estatal. El Juzgado Tercero Penal también ordenó la suspensión de sus derechos políticos, en tanto el exgo-
Al exgobernador de Tabasco se la acusa de desvíos de recursos del Seguro Popular cometidos durante el ejercicio 2010.
La esposa del extesorero de la administración de Granier saldría libre en marzo, tras 10 meses de prisión en EU, por el delito de fraude.
bernador permanezca privado de su libertad.
“La Fiscalía sostiene su compromiso de recuperar los recursos faltantes pertenecientes al erario estatal y, a la vez, hacer valer el estado de derecho”, indicó la dependencia. Por otra parte, también se dio a conocer también que Silvia Beatriz Pérez Ceballos, esposa de José Manuel Saiz Pineda, extitular de Planeación y Finanzas en la administración de Granier Melo, quedaría libre el próximo 23 de marzo, tras cumplir la sentencia de diez meses impuesta por autoridades de Estados Unidos, luego de ser acusada en Texas por fraude bancario. Según reveló su abogado, Víctor Hilario, luego de que cumpla con lo impuesto por el juez, se pondrá a disposición de la autoridad migratoria para que determine su situación en el país y se continuará con el proceso de asilo político.