Datos para prevenir la corrupción: claro que se puede

La semana pasada, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó el estudio “Índice de Riesgos de Corrupción: El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” (https://imco.org. mx/articulo_es/indice-riesgoscorrupcion-sistema-mexicanocontrataciones-publicas/). Se trata de un análisis de los datos públicos del sistema Compranet para valorar los riesgos de corrupción en los procedimientos de contratación de las unidades de compras del gobierno federal, y la elaboración de un índice que reúne 43 variables para medir el nivel de transparencia, de competencia y de anomalías en los procesos de compras públicas. Sobra decir que las compras gubernamentales son procedimientos de alto riesgo para la corrupción. La interacción directa entre servidores públicos investidos del poder de beneficiar económicamente a los proveedores del gobierno es potencialmente riesgosa, en la medida en que los procedimientos de compras sean poco transparentes y las decisiones de los servidores públicos sean discrecionales. Aun en presencia de reglas que prevengan la discrecionalidad y aseguren la transparencia en los registros, existe la posibilidad de que los procedimientos no cumplan con la norma. Siempre que se conforma una red de corrupción entre servidores públicos responsables de las unidades de compras y proveedores de gobierno, esa red confía en ocultarse debajo de la apariencia legal de la transacción, de la opacidad de la información en poder de las autoridades, y también de la incapacidad o falta de voluntad de las instancias de investigación y verificación para actuar a tiempo y de forma efectiva.

Compranet fue creado en los años 90 como un sistema de servicio para los proveedores del gobierno y para reunir en datos la información de las compras públicas. Registra los datos de los proveedores y deja en registros inviolables todos los momentos de los procesos de compras públicas. En su momento, Compranet fue un sistema muy innovador y durante años considerado una mejor práctica a nivel internacional. Muchos países siguieron el camino de México y construyeron sistemas parecidos. Sin embargo, con los años, Compranet no evolucionó, quedó rebasado por nuevas tecnologías y dejó de representar la vanguardia. También dejó de responder a las necesidades de información y de interacción con otras bases de datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para ser una herramienta efectiva para la prevención de la corrupción y la identificación de redes criminales.

IMCO reunió mediante el apoyo de un sistema de extracción automática de datos, una gran cantidad de registros de compras gubernamentales, que si bien son públicos necesitan estar reunidos en una base de datos para su análisis. Armar esa base de datos hubiera sido imposible para un individuo actuando solo, pero la tecnología de hoy permite hacer “minería” de datos y reunir una gran cantidad de información. Con esos datos, IMCO desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción que trata de medir qué dependencias del gobierno federal son más vulnerables a la corrupción. Además del índice y del análisis de los datos, IMCO identifica tendencias que son muy relevantes y que podrían orientar futuras investigaciones, como la existencia de grupos de proveedores de gobierno “favoritos” que aparecen y desaparecen cada sexenio.

La relevancia del análisis del IMCO, a mi parecer, no es la publicación del Índice de Riesgos de Corrupción, el cual puede ser, en efecto, un elemento que oriente el diseño de políticas preventivas de la corrupción específicas para las áreas de riesgo identificadas. Sin restarle valor al índice, que representa un trabajo de gran valor, lo que ha demostrado el IMCO, como dice Juan Pardinas en su artículo de antier en Reforma, es que “sí se puede”. Con la tecnología actual, es posible tomar la información reunida incluso por un sistema “viejo”, como Compranet, para que los datos te den más información, más conocimiento que la simple acumulación de registros en celdas de datos. Las bases de datos no deben ser simplemente almacenes de archivos muertos informáticos; deben ser una parte dinámica, viva y en constante interacción con sistemas inteligentes que trabajen de forma automática en la identificación de tendencias irregulares, de anomalías, de comportamientos atípicos y de redes de corrupción. Como lo señala el informe “Conceptualización y diseño de un sistema de prevención de conflictos de intereses”, publicado por la SFP, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, es viable en el corto plazo realizar análisis valiosos con base en la información que está en distintos sistemas de la SFP para la prevención de conflictos de intereses. Si se suma los datos en poder del SAT y otras dependencias, la capacidad del Estado mexicano de controlar la corrupción podría potenciarse de forma notable.

¿Qué es lo que se requiere para que estos sistemas nos den la información que necesitamos para prevenir, identificar e investigar actos y redes de corrupción? Necesitamos, en primer lugar, definir cuál es la información que se requiere; necesitamos definir las preguntas que queremos que los sistemas nos respondan: ¿Hay proveedores “favoritos”? ¿Se está abusando del procedimiento de asignación directa? ¿Hay relaciones familiares, laborales o de amistad entre proveedores de gobierno y servidores públicos políticamente expuestos? ¿Se respetaron los tiempos y normas en los procedimientos de contratación? ¿Se contrató a precios de mercado? ¿Hay congruencia entre los ingresos de los servidores públicos, la evolución patrimonial declarada en el sistema Declaranet y las declaraciones de impuestos? Todas esas preguntas y otras relevantes para la prevención de la corrupción las podemos responder hoy mediante el análisis de datos. IMCO ha demostrado que sí se puede.