Ayotzinapa: la doble injusticia

El buen juez por su casa empieza. O al menos eso dice el dicho. Hace dos meses, el virtual candidato tricolor a la Presidencia criticó duramente al gobernador Javier Corral y lo acusó de torturador. En un evento público en Querétaro y en medio del conflicto por un amago de la Secretaria de Hacienda al gobierno de Chihuahua, José Antonio Meade dijo: “Vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura, vemos por primera vez en el país a un gobernador que engaña, vemos a un gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas inventa y confronta”.

¿Qué tiene qué decir ahora el ciudadano con piel rojiverde cuando el alto Comisionado de la ONU dice que el gobierno mexicano torturó a los detenidos del caso Ayotzinapa? Se trata no de una acusación en un contexto político, ni un intercambio de guerra sucia entre precandidatos, no. Se trata de un funcionapresentado rio de alto nivel internacional que documentó –es decir, que probó– que detenidos de uno de los casos más emblemáticos del sexenio, que estudiantes fueron sometidos a prácticas que atentan contra los derechos humanos, que violan el debido proceso, que afectan la obtención de justicia y la verdad, y se han convertido en una práctica sistemática de este gobierno. ¿En ese caso no hay crítica? No. Apenas ayer, en este mismo espacio, hablábamos sobre el informe que Fundar presentó y en el que se evidencia que las consecuencias de aquella noche en que 43 estudiantes desaparecieron y un pueblo se quedó en pausa, habían alcanzado más allá de los estudiantes que nos faltan, habían suspendido en una burbuja de indignación a un país y habían sumido en la revictimización a padres, amigos y a todos cuantos estuvieron expuestos no sólo a la falta de justicia, sino por las consecuencias de la verdad histórica.

Hoy un nuevo documento, “La doble injusticia”, que fue por el Alto Comisionado de la ONU, revela que de las 129 personas que están sometidas a un proceso judicial por la desaparición de 43 y la muerte de otros estudiantes, 34 fueron sometidas a procesos de tortura. “Fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”, aseguró el funcionario que representa la conmoción que el caso tuvo en el mundo, no sólo por la gravedad de lo que implica una desaparición forzada, sino por la actuación del gobierno mexicano tras los hechos y por el involucramiento del Ejército y la Policía Federal en los hechos.

“En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”, añade el informe que subraya un hecho vergonzoso para el país: las torturas se dieron una vez que el caso fue federal. Es decir, en la tortura de detenidos estaría directamente involucrada la PGR. Esa PGR que dio carpetazo al caso con una absurda y multidesmentida verdad histórica, esa PGR que no ejerce acción penal teniendo pruebas concretas en contra de allegados al Ejecutivo. Esa PGR que tiene, incluso, la cara para decir que sí, pero que nomás tantito.

Y es que después de que se dieron a conocer las conclusiones de la ONU en el caso, la Procuraduría dijo que eso de “la tortura” no estaba acreditada, “salvo en casos excepcionales”. ¿Qué significa casos excepcionales? ¿Es similar a ese alcalde que alega que sí roba pero que es poquito? ¿Cuánta credibilidad merece una institución que desdeña con argumentos débiles acusaciones que no pueden justificar en el contexto electoral, al que ahora le echan toda la culpa?

“Al respecto, y como también se informó a la CIDH, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente. No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes”. ¿En serio? El Comisionado, por supuesto, no se dedicó sólo a señalar los graves errores del caso, sino también incluye recomendaciones: llama a la fiscalía y al Poder Judicial a desestimar las pruebas obtenidas y exhorta al Ejecutivo mexicano a crear un consejo asesor de lucha contra la impunidad que a su vez impulse reformas que fortalezcan las capacidades de investigación. Y por supuesto, pide que los altos mandos involucrados también se investiguen y sean llevados ante la justicia.

¿Es algo nuevo? No, como no lo es el sistemático abuso de poder, como no lo son los casos sin resolver y como no lo es que los mexicanos sean sometidos a una ‘doble injusticia’.