Medir la impunidad

Desde 2014 la UDLA de Puebla publica su índice global de impunidad, con lo que promueve un debate serio, técnico y con base en evidencia sobre este grave cáncer de nuestra sociedad. El panorama que el índice nos revela es desolador. La impunidad no ha mejorado, por el contrario, la mayoría de las variables del índice se han deteriorado. En términos generales el país empeoró en la calificación global y estatal. A nivel nacional teníamos un índice, en 2016, de 67.42; y en 2018, de 69.84 puntos. Los estados con los índices de impunidad más altos son: Edomex, Tamaulipas, BC, Coahuila, Q. Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Vivimos en un país que tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada cien mil habitantes). El homicidio no se castiga, el porcentaje de encarcelados bajó de 27.5% a 17.09%. La cifra negra se mantiene en un nivel superior al 90%. Esto confirma que no tenemos ninguna confianza en las instituciones de seguridad y justicia para denunciar. Y con todo y eso, con el 8% de los delitos que sí se denuncian el sistema judicial está saturado. Es decir, estructuralmente la aplicación de la ley está colapsada. De ahí la impunidad. Ese país, en el que los contratos no se respetan, en el que la justicia no es eficaz, en que los crímenes nadie los castiga, no podrá crecer ni generar bienestar para la mayoría. La impunidad es gran el lastre del desarrollo social, económico y humano de México.