Independencia al Ministerio Público
política, pues esta Comisión de la Verdad se encargaría concretamente de revisar la corrupción del actual gobierno, y esa no es toda la verdad, sino sólo una parte.
Andrés M. López Obrador ha logrado reunir una colección miscelánea de propuestas anticorrupción, una macedonia tutti frutti de ideas sueltas que en ocasiones resultan contradictorias y difíciles de integrar como parte de una estrategia general, pero que esencialmente se fundamentan en el valor de predicar con el ejemplo a los demás servidores públicos y ofrecer perdón a quienes han violado la ley; en personalizar sin contrapesos los nombramientos en posiciones de procuración de justicia –una especie de regresión democrática–, y en equiparar en la ley la corrupción al crimen organizado, por lo que si alguien es investigado por corrupción, se le podría dar prisión preventiva. En suma, una mezcla de arbitrariedad, impunidad por mandato y mano dura.
En segundo lugar, la propuesta de Meade, además de ir por el camino de consolidar las reformas anticorrupción y del SNA, se concentra en mejorar las capacidades del Estado para procurar justicia y acabar con la impunidad, en específico en darle independencia del Ministerio Público. Hablar de la independencia del Ministerio Público no es más que subrayar la importancia de concluir la implementación de las reformas que crean en México una Fiscalía General de la República con plena independencia.
La autonomía y la creación de órganos autónomos le han hecho un gran servicio a nuestro país. El Banco de México y el INE, por citar dos de los ejemplos más destacados, se han convertido en instituciones con credibilidad y prestigio, que cumplen su función con criterios técnicos y legales con la que mantienen una visión de Estado, haciendo a un lado los intereses de los partidos, las necesidades políticas coyunturales y las presiones de poderes fácticos.
La autonomía le vendría bien al Ministerio Público, enfatizaría su carácter técnico en la investigación y persecución del delito y, en especial, de la corrupción. Es bien sabido que muchas veces el Ministerio Público se aleja del principio de legalidad y se deja influenciar por criterios políticos, por la fama y situación socioeconómica de los inculpados, por la relevancia mediática del caso y otros criterios que marcan la impartición de justicia en México con una huella de discriminación, discrecionalidad, abuso, corrupción e impunidad. Esa situación sin duda ha sido determinante para que el Índice Global de Impunidad, que elabora la Universidad de las Américas Puebla, coloque a México como el cuarto país en el mundo con mayor impunidad.
No podemos saber de antemano cuál podría ser el efecto de la autonomía sobre el trabajo de las fiscalías y sobre el combate a la impunidad y la corrupción. Pero si sacamos al Ministerio Público de la órbita organizacional y política del Ejecutivo, si le damos a sus agentes garantías de estabilidad laboral y de desarrollo profesional con base en el mérito, de mejorar sus oportunidades de capacitación mediante mecanismos de formación técnica, estaríamos generando las condiciones para una auténtica impartición de justicia imparcial y eficaz y un auténtico combate a la corrupción.
A lo largo de toda la cadena de responsabilidades en la impartición de justicia, el Ministerio Público tiene un papel central en la defensa de la legalidad y la protección de los derechos de todos. Pero para ello requieren de autonomía y de apoyos para que puedan cumplir con su misión fundamental de proteger nuestros derechos y crear una sociedad de leyes.