Promover la inclusión a través del encuentro, el análisis y las propuestas legislativas
Recientemente, el periodista Javier Risco dedicó un espacio en este diario para manifestar su rechazo a la “Ley Integral de las personas con Síndrome de Down”, la cual promoví e impulsé en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así, en virtud de los calificativos que utiliza el autor, resulta pertinente aclarar los procesos legislativos que acompañaron la publicación de dicho decreto, desde su carácter de iniciativa, hasta el proceso de discusión y aprobación. No me referiré a las expresiones ofensivas que el autor utiliza para referirse a las instituciones de la Ciudad de México, concretamente, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. En este caso, explicaré algunos procesos y circunstancias indispensables para comprender el proceso legislativo y no generar confusión entre los lectores, con los datos imprecisos que señala la opinión que comento.
Con el objetivo de no causar incertidumbre en la población, es fundamental puntualizar que el artículo 37 del decreto no brinda atribuciones a la policía para detener a las personas con Síndrome de Down; faculta a las autoridades competentes, únicamente ante el extravío de un menor de edad con Síndrome de Down, con la finalidad de proteger su integridad, en primera instancia, así como de realizar todas las acciones necesarias para localizar a sus familiares.
Esto se encuentra contemplado claramente en la ley y las autoridades competentes no son la policía, como se afirma de forma errónea, ante el posible desconocimiento de este procedimiento.
De forma categórica, me dirijo a los lectores y a quienes estamos vinculados con personas con Síndrome de Down para afirmar que la ley no criminaliza ni margina a ningún segmento poblacional de nuestra sociedad; está sustentada en el trabajo de varios meses de análisis y en la participación de diversas organizaciones civiles, así como de autoridades vinculadas con el tema.
La ley busca fomentar los mecanismos, acciones y programas especializados e integrales
Diputada para que sea posible asegurar el derecho de inclusión de todas las personas, en este caso, de quienes presentan Síndrome de Down.
He sido funcionaria pública por más de 30 años, lo cual me ha brindado la oportunidad de conocer los problemas de la sociedad capitalina. Asimismo, soy legisladora desde hace casi tres años, en una de las ciudades más importantes del mundo. Soy madre de un joven con Síndrome de Down, Alexis, quien es mi motor y orgullo desde hace 29 años.
Conozco las complicaciones que enfrentan las familias que no cuentan con los recursos necesarios para brindar los elementos de desarrollo a quienes presentan Síndrome de Down. En estas familias nos enfocamos, de forma prioritaria, cuando construimos la iniciativa.
Por tal motivo, en diversos foros, he reconocido que falta largo trecho por andar para mejorar la atención y la inclusión en este tema; éste es un pendiente de todos. Sin embargo, es con la suma de esfuerzos, basados en el análisis profundo, la discusión seria y los consensos dirigidos a priorizar el bienestar común, como enfrentaremos los retos que impone nuestra sociedad, en el marco de una Constitución Política de la Ciudad de México. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, reconoció que va lento el proceso de reconstrucción de viviendas y la entrega de apoyos a los afectados por los sismos de septiembre pasado. Explicó que “este proceso implicó cuatro ministraciones de recursos de los gobiernos federal y de los estados, que se fueron otorgando de manera paulatina y así fueron los procesos de autoconstrucción. “En algunos casos los recursos de los estados apenas están llegando, y esto ha implicado que el proceso vaya con la lentitud de los recursos que se están otorgando”, precisó. Insistió también en que “el gobierno federal ha puesto el 100 por ciento de los recursos que tiene que aplicar, están aplicados en las tarjetas; en el caso de la Ciudad de México hemos tenido un proceso más lento dado que muchas de las familias no se encontraban al momento de pasar a entregarles las tarjetas”.
“La responsabilidad del gobierno federal termina en la entrega de las tarjetas, al entregar la tarjeta la gente nos firma una carta compromiso en la que se compromete a aplicar esos recursos en la autoconstrucción de su viviendas o en la opción de trabajar con alguna de las empresas que nosotros les hemos puesto a su disposición”, dijo. La funcionaria admitió que a poco más de seis meses de los sismos, la Ciudad de México y Chiapas son las que más tienen pendientes fondos por ejecutar, y confió en que al término del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto todas las viviendas que tienen daños estén atendidas. Robles Berlanga resaltó: “yo lo que quisiera que se dimensionara es que en seis meses hicimos labor humanitaria, levantamos un censo, hicimos talleres, demolimos, se empezó la autoconstrucción, las asistencias técnicas, y ya estamos con estas 41 mil viviendas que se están levantando; es una cifra récord”. “En Chile tardó ocho años la reconstrucción de 80 mil viviendas, aquí estamos en seis meses participando con la gente, en esta colaboración de empresas sociales”, agregó. En lo que llamó un “corte de caja”, informó que 56 mil titulares de viviendas con daño total ya recibieron sus tarjetas Bansefi para la reconstrucción de sus hogares, y sólo 2 mil 960 aún no las reciben. Anticipó que “estamos calculando que para el último día de noviembre esté prácticamente el 100 por ciento de la viviendas reconstruidas, las que no se construyan no es responsabilidad del gobierno federal, la gente ya tiene su recurso y es su responsabilidad reconstruir su vivienda.
“Eso quiero decirlo diez veces, porque no quiero que el 30 de noviembre digan ‘el Gobierno dejó botadas no sé cuántas viviendas’, no, el gobierno ya cumplió al entregar el recurso”, aclaró.
“La ley no criminaliza ni margina a ningún segmento poblacional de nuestra sociedad”