Con los candidatos que tenemos, seguirá la corrupción

No veo cómo alguno de los tres candidatos punteros a la Presidencia realmente va a combatir la corrupción como sistema, como parte integrante del engranaje de la acción pública que existe en México, independientemente de sus virtudes personales. No veo que alguna declaración política de luchar contra la corrupción por parte de los candidatos, esté cargada de fuerza, de convicción, de reconocimiento del daño que ha causado a nuestro país y, por tanto, de la necesidad urgente de luchar contra ella. Las cifras más conservadoras hablan de 7,200 millones de pesos al año, según el INEGI (http://www. inegi.org.mx/saladeprensa/ boletines/2017/encrige/encrige2017_07.pdf ), pero según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es de al menos 2% del PIB (https://contralacorrupcion.mx/anatomiadigital/ content/costos-corrupcion.php ) como sólo uno de los costos de la corrupción.

Pareciera que se trata de cualquier otro problema, que tiene la misma relevancia y trascenden- cia, y que por lo tanto se pierde en la visión de Estado que se busca. Si bien en la plataforma electoral del Frente (PAN-PRD-MC) existen buenos deseos y detalles de lo que debe hacerse, en las declaraciones de campaña de Ricardo Anaya no se vislumbra un compromiso serio con el tema. No parece haber congruencia en lo que está diciendo públicamente y lo que está proponiendo por escrito, que tiene mayor realce. Parece que va por soluciones desde fuera, como una “Comisión de la Verdad” con miembros extranjeros, en lugar de afianzar las instituciones nacionales de procuración e impartición de justicia, de vigilancia y control administrativo y presupuestario, de apertura de la información y el seguimiento de las declaraciones de intereses, patrimoniales y de pago de impuestos. No hay una declaración contundente que muestre su determinación de impulsar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya diseñado y aprobado constitucionalmente y que los partidos se han encargado de retrasar y boicotear. Tampoco Andrés Manuel López Obrador se ha declarado a favor del Sistema Nacional Anticorrupción. Su plataforma dice poco y parece que deja demasiado peso en la Secretaría de la Función Pública y, sobre todo, en la idea de que si la cabeza es honesta, todos serán honestos. Es cierto que cuando estuvo en el Gobierno de la Ciudad de México encarceló a algunos allegados que fueron encontrados en flagrancia y no se recuerdan los niveles de corrupción que hemos visto en los últimos años, pero ciertamente no se detuvo la red de corrupción en las delegaciones para el otorgamiento de permisos de construcción indebidos, o en las oficinas gubernamentales más básicas, por ejemplo. Es decir, no se desterró el mal, simplemente porque no se construyeron ni se fortalecieron las instituciones que pudieran lograrlo. Todo dependía de la voluntad de la cabeza que en los hechos no permeó a todo el gobierno. Su idea de que la corrupción se combate como la basura que “se barre de arriba para abajo” –sin negar que lo que haga la cabeza es clave como ejemplo a los demás–, es claramente insuficiente para desterrar este mal que se ha vuelto el cáncer de nuestra sociedad y de nuestra vida pública. Simplemente, su propuesta no será efectiva ni duradera. No sirve, es insuficiente. José Antonio Meade se ha pronunciado en contra de la corrupción, pero su discurso no es creíble, por tres razones. Primero, la marca PRI que lo cobija actualmente es sinónimo de corrupción que se ha enraizado y acrecentado en los últimos años. Es, simple y llanamente, indefendible; segundo, porque ha dejado pasar, ha sido al menos testigo, de prácticas corruptas en su trabajo al frente de diversas secretarías, como la mostrada por la investigación sobre La Estafa Maestra, a la que apenas se le otorgó el Premio Ortega y Gasset, o los apoyos a la Fundación de Josefina Vázquez Mota cuando estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, o el presunto desvío de recursos públicos a las campañas o los contratos amañados de diversas secretarías, como la SCT. Tanto Hacienda como Sedesol son lugares privilegiados de ejecución de políticas públicas y de control administrativo y presupuestal; y tercero, para ir contra la corrupción tendría que ir contra todo el PRI, hasta sus entrañas, y no se ve, dada su trayectoria, que esté dispuesto a dar esa batalla, como no dio otras semejantes en el pasado. No extraña, entonces, que no se haya pronunciado inequívocamente por implementar el Sistema. Pero el problema de más fondo es que tampoco los partidos políticos (o más bien sus líderes notables, dos de ellos candidatos a la Presidencia) quieren o están dispuestos a implementarlo. Han retrasado la transformación de la PGR, no han nombrado al fiscal anticorrupción ni a los jueces correspondientes. Han acordado “no estar de acuerdo” en ese tema en particular. Los caballeros de la mesa redonda del siglo XXI han decidido, soberanamente, que seguirán disfrutando de los dineros públicos sin importarles quien los genera ni rendir cuenta alguna.