Confianza y credibilidad
Al paso que vamos, el INE y el TEPJF llegarán totalmente desacreditados al 1 de julio, y con ello el resultado de la elección, particularmente la presidencial, quedará en vilo y altamente cuestionado. Enredados en decisiones no apegadas a derecho; conferencias de prensa para explicar lo inexplicable; protagonismos que rebasan la institucionalidad; fallos sesgados por intereses partidistas; más lo que se acumule en las próximas semanas, ambos organismos electorales ponen en riesgo con su actuación la propia gobernabilidad en la etapa del conflicto postelectoral.
El affaire con las candidaturas independientes, que por desgracia aún no termina, sacó a la luz los desencuentros a título personal e institucional entre los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral, y consolida la versión de que estos sólo son el resultado de una larga lista de agravios que, por desgracia, continuarán hasta la calificación de la elección. Saben ambos frentes, los consejeros y los magistrados, que la jornada electoral del 1 de julio será una de las más complicadas de la historia moderna del país, que necesariamente exige máxima entrega y pasión, imparcialidad y, sobre todo, compromiso con el marco jurídico y por supuesto con la nación.
Sólo faltan 73 días para el “Día D” y desde ahora Andrés Manuel López Obrador, fiel a su costumbre, desacredita al Tribunal Electoral cada vez que puede, lo hace en el entendido de que la calificación de la elección llegará a esa cancha, por eso pone en tela de juicio su credibilidad.
Ni los más optimistas creen que la elección se defina la misma noche del 1 de julio, vamos ni siquiera en los próximos días, lo que se vislumbra, tal como ocurrió en 2006 y 2012, es que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que calificará la elección, y por desgracia las consecuencias de este fallo serán de consecuencias incalculables.
Por estar ya en la víspera de las elecciones, es lógico que la chamba del Tribunal Electoral se intensifique; sin embargo, además de trabajar horas extras en las sentencias respectivas, deberían afinar tanto sus estrategias de comunicación social, como el considerar que cualquier decisión que asuman no sólo tiene repercusiones jurídicas, sino, sin duda, políticas y de estabilidad social.
La confianza no se construye por decretos y la democracia mexicana, por inacabada, adolece de un grave deterioro en sus instituciones electorales, que con el tiempo encima se siguen deteriorando por errores propios y ajenos.
¿Será demasiado tarde, con la elección encima, para que el INE y el TEPJF enfoquen sus esfuerzos hacia, precisamente, la construcción de la confianza y la credibilidad en lugar de destruirlas?
Tanto Lorenzo Córdova y como Janine Madeline Otálora deben hacer sentir su liderazgo al seno de las instituciones que dirigen y sobre todo con sus pares, para que no pierdan de vista los objetivos superiores que enuncia el entramado jurídico-electoral, sobre todo el relativo a la confiabilidad de sus decisiones.
El derecho electoral abarca no sólo el contenido en la Constitución y las leyes electorales, sino comprende también un conjunto de conocimientos más amplios como: principios políticos, parámetros comparativos, antecedentes históricos, sociológicos, así como experiencias que permitan vincular el estudio de la materia con reflexiones sobre la representación, los partidos políticos, la democracia, la gobernabilidad y la paz social.