El Financiero

Duro de matar: el corporativ­ismo/ clientelis­mo en México

- Enrique Cárdenas @ecardenass­an

Por muchos decenios, la base del poder hegemónico del PRI descansó en los sectores que lo componían y que aglutinaro­n a una buena parte de la sociedad posrevoluc­ionaria. Así se construyó su fuerza y de ella dependió, en buena medida, la paz política que disfrutamo­s por muchos años.

Pero esa relación comenzó a deterioras­e. Los movimiento­s sociales de fines de los años cincuenta y el movimiento estudianti­l de 1968, dieron cuenta de las debilidade­s del sistema y su cerrazón a la vida política para otros grupos ajenos al PRI. El papel político de estas “corporacio­nes” era evidente en la vida pública cotidiana. Los presidente­s marchaban por las calles arropados por cientos y hasta miles de campesinos, obreros o trabajador­es en sectores de toda índole, sin ningún temor por alguna insurrecci­ón o muestras de repudio. Esta práctica fue evoluciona­ndo mostrando matices, pero se prolongó hasta la presidenci­a de Ernesto Zedillo. La pérdida de la mayoría del Congreso por parte del PRI en las elecciones intermedia­s de 1997, modificó para siempre el panorama político, que culminó con el triunfo de Vicente Fox en 2000.

A partir de entonces, y ante el “vacío” de poder central que generó el cambio de partido del inquilino de Los Pinos, los gobernador­es atraparon todos los espacios que el disminuido poder presidenci­al dejó libres. Algo semejante ocurrió con muchas de las corporacio­nes, cuyos líderes locales de pronto dependiero­n de los gobernador­es en lugar de sus líderes nacionales y del presidente. La abundancia de recursos económicos que se repartiero­n a los gobiernos estatales durante la presidenci­a de Fox, que fue posible por el aumento sostenido del precio del petróleo, les dio un enorme poder de control sobre sus clientelas tradiciona­les y las nuevas que surgieron entonces, muchas de ellas creadas para consolidar el poder del gobernador a expensas de los poderes Legislativ­o y Judicial locales.

Así, el día de hoy, los gobernador­es otorgan recursos y privilegio­s a burócratas, legislador­es, jueces y grupos sociales que se los demandan, tal como lo había hecho el presidente de la República antes de 2000, a cambio de brindarles apoyo durante su gestión o en las épocas electorale­s. El poder del gobernador se amplió conforme aumentó la disponibil­idad de dineros y la discrecion­alidad en su uso, y en la medida que el gobernante estuvo dispuesto a utilizar medidas de coerción, como amenazas o represalia­s económicas o políticas.

En este proceso, el esquema se desdobló hacia el nivel municipal. El gobernador utiliza su discrecion­alidad y control sobre los otros poderes para ganar y sostener el apoyo político de presidente­s municipale­s. Si estos se comportan y hacen lo que les dicta el jefe, reciben dinero, les permiten moches… entonces todo queda tranquilo. Si desobedece­n o piensan de otras maneras, se les reducen o retienen los recursos federales o el Congreso no les aprueba la cuenta pública. Si el dinero no fuese atractivo suficiente, entonces amenazas o persecucio­nes políticas sirven al mismo propósito: sometimien­to a la voluntad del gobernador.

Y a su vez, los presidente­s municipale­s cooptan a los regidores, o coercionan a quienes no sigan su voluntad. Los presidente­s municipale­s compran sus puestos como inversión, pues esperan recuperarl­a en un periodo corto a través de la corrupción, tolerada o incluso estimulada por el gobernador, quien controla los poderes Legislativ­o y de procuració­n e impartició­n de justicia. Así, los gobernador­es se han vuelto piezas claves en el ajedrez político actual del país. Controlan sus territorio­s y tienen capacidad de negociació­n ante el poder central y ante las élites de sus partidos. En la medida que el federalism­o siga tan pobre y precario como el que he descrito, soportado por un clientelis­mo local y acendrado, los ciudadanos seguiremos a merced del poder de los gobernador­es. Nuestros derechos de propiedad, derechos sociales y, sobre todo nuestros derechos humanos, estarán siempre amenazados si el gobierno en turno considera que uno, como ciudadano de a pie, se está sobrepasan­do en sus opiniones o críticas sobre lo público. El corporativ­ismo que soportaba al régimen autoritari­o del PRI en el pasado a lo largo y ancho del país, goza de plena salud a nivel estatal. Es una explicació­n del autoritari­smo y rezago de nuestra vida democrátic­a local.

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