Desafuero para todos
La aguerrida, imitadora y promiscua oferta política de las campañas arranca declaraciones sobre supuestas y geniales autorías, y ha desatado una insana competencia por el tradicional quién-da-más. En esa tesitura se logró una atípica votación (casi unánime) en la Cámara de Diputados para desaparecer el llamado fuero constitucional. Arropados por la bandera anticorrupción, los diputados equiparan fuero con impunidad bajo un extraño razonamiento: la premisa es falsa, el discurso mentiroso y el silogismo no se sostiene. ¿O será verdad que sin fuero ni inmunidad parlamentaria no habrá casas blancas, Odebrecht, trenes a Querétaro, ni socavones? La idea de Andrés Manuel endulza los oídos mexicanos, pero no parece eficaz: si el de arriba no roba luego entonces los de abajo tampoco… La democracia descansa en un sistema de controles que hacen las veces de pesos y contrapesos. El fuero es clave en ese balance. Con orígenes de hace siglos en la primera Inglaterra parlamentaria, se dotó de inmunidad a los miembros de las cámaras para que no fuera posible detener, someter o procesar a un parlamentario; con ello garantizaron libertad y plenitud de sus funciones en el equilibrio del Estado y no que pudieran delinquir con impunidad; lo cual además de grave, sería un dislate de la misma proporción que la propuesta de eliminar la figura para evitar actos de corrupción. El fuero es una protección jurídica en la que una persona, dado el cargo que ocupa, no puede ser juzgada penalmente por tribunales comunes. Con fuente en la inmunidad parlamentaria, el privilegio se extendió a otros cargos que por su relevancia requieren esa protección para que otros poderes, principalmente el Ejecutivo, no puedan intervenir o presionar en las funciones de estos órganos estatales con la amenaza de prisión a los funcionarios protegidos. Esto no significa que los funcionarios no sean responsables por los delitos que cometan, porque existe un mecanismo ad hoc (comúnmente conocido como desafuero) para que pueda procederse penalmente en su contra. El funcionario de ventanilla que le pide una lanita para un trámite, el policía que demanda el carísimo chesco y el inspector que se hace de la vista gorda si se pone a mano no tienen fuero. El ciudadano que da mordidas tampoco. El núcleo de la corrupción es cultural. Me niego a creer que está en el ADN latino, pero sí considero que está muy arraigado y que su combate debe ser frontal, integral y total. Es un tema de casa y escuela; de ejemplo y contención; de carácter contra la comodidad; de consecuencia y responsabilidad. En macro, para ello se estableció el robusto sistema anticorrupción: para responsabilizar e involucrar también a la clase empresarial contratista del gobierno y no sólo perseguir a los funcionarios. Impera además una confusión terminológica que refleja ignorancia cívica: no es lo mismo inmunidad parlamentaria, fuero o juicio político. La inmunidad parlamentaria tiene que ver con la inviolabilidad de los miembros de las cámaras por las expresiones hechas en el cumplimiento de sus funciones, tienen además inmunidad procesal (el llamado fuero) con la idea de evitar que algún adversario político les “siembre” alguna acusación de un supuesto delito; el fuero no sólo lo tienen los parlamentarios, también los gobernadores, ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, presidente de la CNDH, y en general funcionarios de primera línea. El juicio político, en cambio, procede cuando un alto funcionario incurre en actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho.
En el juicio político es la Cámara de Diputados quien acusa al funcionario ante el Senado y este se erige en jurado, pudiendo destituir e inhabilitar al funcionario. En el “desafuero” también es la Cámara de Diputados quien declara la “procedencia” para que un tribunal pueda conocer delito cometido por un alto funcionario; si decidiera no declararla no significa que el acusado sea inocente, sino que no puede ser procesado mientras ocupe su cargo.
La iniciativa propone que el Ministerio Público (o los fiscales) puedan ejercer acción penal contra quienes hoy tienen inmunidad. ¿Se imagina usted lo que pudo haber hecho un gobernador, de esos que ahora están presos, si sus adversarios políticos no tuvieran fuero? ¿Eso queremos? ¿Eso necesitamos? ¿Eso mejoraría la grave y corrupta situación nacional?
No es ahí donde está la situación. Ojalá que el desafuero no se convierta en la moderna y tropicalizada guillotina de Robespierre en la época del terror de la Francia revolucionaria.