Advocacy político*
En 2006, el PRI y la coalición de partidos que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador, aquella formada por el PRD, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y el Partido del Trabajo, habían denunciado que diversos grupos empresariales estaban induciendo el voto a favor del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón. Para paliar esa preocupación, el IFE envió en mayo un oficio al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en el que se pedía evitar prácticas de presión, compra o coacción del voto.
Varios empresarios reaccionaron con molestia. “No hemos violado la ley, ¿por qué se nos acusa?” En conversaciones privadas decían que el oficio del IFE los colocaba como presuntos violadores de la ley. Argumentaban que mientras López Obrador los había atacado por un largo periodo de tiempo, ellos habían sido responsables y habían mantenido la calma. ¿Por qué no podemos decir lo que pensamos, siempre y cuando no violemos la ley?, preguntaban una y otra vez. Hasta ese momento la clase empresarial del país se había mantenido en una esfera de discreción. Mientras Andrés Manuel López Obrador los acusaba y agredía, ellos se reservaban en sus opiniones. “Los poderosos, los que no pagan impuestos, los que quieren mantener sus privilegios”, eran frases que repetía con frecuencia el candidato de la izquierda. A fines de junio llamó a los dirigentes del CCE “delincuentes de cuello blanco y traficantes de influencias”. Los empresarios se habían mantenido silenciosos, pero esa “prudencia” cambió.
El CCE produjo y pagó la transmisión de dos spots cuyo propósito era alertar sobre los riesgos de un eventual triunfo de López Obrador, aunque ninguno de ellos hacía referencia a partidos o candidatos ni mencionaba la palabra “votar”. Los promocionales expresaban la importancia de la estabili- dad económica y de prevenir una crisis. Su difusión detonó la queja de la parte afectada. Ante la petición del IFE (sin bases legales) de retirar los spots para evitar la polarización del ambiente político, los dirigentes empresariales argumentaron en privado: “Hemos sido responsables y hemos mantenido silencio frente a las agresiones de que hemos sido objeto. Tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista sin violar la ley”. En 2007, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que prohibió que los particulares contraten publicidad política de cualquier tipo durante las campañas electorales y fuera de ellas. La nueva normatividad dio al IFE, hoy INE, facultades para solicitar a los medios electrónicos el retiro de spots. Con el argumento de que los empresarios habían usado la influencia del dinero para denostar a López Obrador, en 2007 la medicina fue callar a todos.
La semana pasada el Tribunal Electoral ordenó al INE retirar los spots de Mexicanos Primero que promovían la reforma educativa a través de la figura de niños-candidatos. Lo hizo porque los spots –de forma explícita– invitaban a apoyar a aquellos que favorecieran una postura política en detrimento del único opositor de aquella, que es López Obrador. La pregunta es qué pasará en las próximas semanas cuando diversos grupos quieran expresar su postura en temas de seguridad pública, combate a la corrupción, feminicidios o reforma energética, por mencionar algunos. Lo harán en redes sociales y en medios impresos, donde no hay restricción alguna, pero algunos también podrán hacerlo en medios electrónicos. Si usan la estrategia de advocacy, pueden promover una causa sin necesidad de mencionar partidos ni invitar al voto.
¿Qué pasará si una organización compra tiempo aire para expresar la importancia de contar con combustibles baratos y el PRI se queja porque ayuda a López Obrador? ¿Y si una organización civil compra spots para expresar la importancia de que haya mando único policial y entonces el PAN se queja porque ayuda a José Antonio Meade y López Obrador, los dos que se han expresado a favor de esa política pública? ¿Y si el Consejo Nacional Agropecuario compra spots para decir que México requiere un campo competitivo y Morena se queja de que busca afectar a López Obrador, quien ha propuesto precios de garantía?
La reforma electoral de 2007 violenta la libertad de expresión en medios electrónicos, pero como norma suprema debe respetarse. Pero los márgenes de interpretación son muy ambiguos y darán lugar a litigios. Lo equivocado de la política restriccionista de 2007 es que para alcanzar una presunta equidad en la competencia se busca callar a quienes sí pueden hablar debido a que muchos carecen de los medios para hacerlo. La medicina del futuro debe buscar fórmulas para que todos puedan hablar, en lugar de salidas falsas que callen a todos.