Las verdaderas amenazas al proceso electoral 2018
cano recibirá al país con los más altos índices de inseguridad, desigualdad y posiblemente una crisis económica.
En el programa “Gabinete de Seguridad”, en El Financiero/ Bloomberg, abordaremos algunos de los factores que podrían poner en riesgo las elecciones y los resultados del proceso electoral 2018. En cualquier país siempre la elección de un nuevo mandatario pone en alerta a las autoridades dentro del ámbito de la seguridad nacional y pública, porque la ingobernabilidad que podría surgir ante la falta de credibilidad de los resultados, puede poner en riesgo la transición pacífica del poder y debilitar la capacidad de gobernar de cualquiera que sea el siguiente presidente de la República.
Y probablemente el escenario que más podría poner en duda los resultados de las elecciones, sería que el 1 de julio se “caiga el sistema”, reflejando lo que sucedió hace 30 años, el 6 de julio del 1988, cuando misteriosas fuerzas no permitieron que el conteo de votos se hiciera público. El ganador, según el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, fue Carlos Salinas de Gortari. Unos veinte años después el expresidente Miguel de la Madrid confesó que se habían manipulado los resultados, y unos 30 años después Manuel Bartlett, senador del PT, dijo que la manipulación de datos le dio la victoria a Salinas.
Expertos señalan que un robo masivo de votos en 2018 es casi imposible, aunque el INE usa Internet y computadoras que podrían ser hackeadas, la boleta electoral es en papel. De haber un cuestionamiento, eventualmente el papel nos llevaría a los verdaderos resultados. Pero en el caso de unas elecciones donde el sistema del PREP se cae el 1 de julio, y no pudiera el INE dar resultados durante varios días, obviamente crearía una crisis de credibilidad, especialmente si los resultados vienen cerrados. Hackear el sistema, en este caso, no sería necesariamente para “robarse” las elecciones, sino para crear una crisis de credibilidad para las autoridades electorales y el presidente electo. Tampoco se puede subestimar el impacto de la violencia en estas elecciones. La violencia en contra de precandidatos, candidatos y funcionarios en este proceso electoral ha sido trágico e histórico. Desde hace unos siete meses, cuando se inició el proceso electoral en México, han sido asesinados 90 políticos. El último que se reportó fue el candidato de Morena a la alcaldía de Tenango del Aire, Adiel Zermann, de 39 años, a quien torturaron y asesinaron. La consultoría Etellekt, en su Informe sobre Violencia Política, confirmó que ya son 90 políticos asesinados y alrededor de 180 que han sufrido agresiones. La lista la conforman 22 precandidatos, 15 exalcaldes, 13 regidores, 13 militantes, 10 alcaldes en funciones, siete dirigentes de partidos, cuatro candidatos, dos exregidores, un diputado local, un representante municipal, un exsíndico y un diputado federal. El informe destaca que el 69 por ciento de las de las víctimas fueron asesinadas directamente, y el 12 por ciento fueron secuestradas y halladas sin vida con señales de tortura.
¿Se pueden llevar acabo elecciones en un ambiente donde el crimen organizado usó la violencia para seleccionar y apoyar candidatos?
Tampoco debemos de perder de vista el impacto que podrían tener las redes sociales en las elecciones. Más allá de usar Twitter, WhatsApp, YouTube y Facebook para promover o atacar un candidato, esta red también puede incitar la protesta violenta. O hasta movilizar violencia en contra de candidatos o personajes ligados al proceso. Más allá de los cuestionamientos y ataques en contra de los diferentes candidatos, en una democracia la transición es pacifica si se tiene credibilidad en los procesos y las instituciones. Vuelvo a repetir lo que debería de ser una obviedad para el siguiente presidente: gobernar sin credibilidad en una democracia que se encuentra en crisis, es casi imposible.
Ayotzinapa, el paso de la tortuga,
La semana pasada un grupo de ONG mexicanas de derechos humanos y Open Society Justice Initiative presentaron el reporte “Corrupción que Mata”. También la semana pasada se presentó, en el marco del magnífico festival Ambulante, el documental
de Enrique García Meza. El reporte da cuenta de las atrocidades de lesa humanidad en Coahuila durante 2009 y 2011 perpetrados por Los Zetas, y las imágenes del documental reproducen los crímenes de Iguala en 2014. Ambos son testimonio de la situación desgarradora y podrida de corrupción, crimen e impunidad, producto de la asociación entre autoridades y el narcotráfico.
En lo que va de 2018, en medio de este proceso electoral, ya son 90 los candidatos asesinados. El primer trimestre de 2018 ya apunta a que este año romperá el record de 2017, como el año más violento en nuestra historia, y que la cifra de desaparecidos en el sexenio de Peña Nieto rebasará las 20 mil personas (7 mil más que Calderón). El documento de Open Society no tiene desperdicio. El contenido es aterrador y describe una cruda y dolorosa realidad que no se circunscribe sólo a Coahuila, e ilustra lo que sucede en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero y otros estados. El país convertido en fosas de crímenes masivos perpetrados por grupos criminales protegidos o asociados con las estructuras de poder local.
La corrupción y la impunidad son de tal magnitud, que gane quien gane la Presidencia el 1 de julio, este será el problema más complejo a resolver. La Fiscalía General de la República y el Sistema Nacional Anticorrupción no serán suficientes, dice Open Society. Como en el caso de Ayotzinapa, el GIEI demostró que la debilidad institucional de México hace imposible que se realicen investigaciones serias y a fondo. ¡México necesita el apoyo de un mecanismo internacional de justicia!