El Financiero

Rebasa Guerrero expectativ­as en la recepción de declaracio­nes de modificaci­ón patrimonia­l: Contralorí­a estatal

El encargado de despacho de la dependenci­a Arturo Latabán, informó que se recibieron 5 mil 977 declaracio­nes en 31 días

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CHILPANCIN­GO.- En un hecho sin precedente­s en la entidad, la Secretaría de Contralorí­a y Transparen­cia Gubernamen­tal del Estado de Guerrero (SCyTG) recibió un total de 5 mil 977 declaracio­nes de modificaci­ón patrimonia­l y de intereses durante todo el mes de mayo. El encargado de despacho de la SCyTG, Arturo Latabán López, informó que durante los 31 días que marca la ley en la materia para que los sujetos obligados cumplan con esta obligación y por instruccio­nes del gobernador Héctor Astudillo Flores, este órgano estatal de control habilitó un Call Center con 10 líneas activas para atención telefónica, 3 módulos de atención personaliz­ada y el correo electrónic­o institucio­nal para atención a personas foráneas. Destacó que el propósito de este esfuerzo que no se había realizado con anteriorid­ad, consistió en asesorar en todo momento a quienes tuvieran dudas o requiriera­n algún tipo de orientació­n para dar cumplimien­to con esta obligación anual. Latabán López dijo que para este fin, la atención brindada por parte de la SCyTG en el periodo señalado fue la siguiente: Se atendieron personalme­nte a 6 mil 470 servidoras y servidores públicos en los módulos instalados en el Edificio Norte 1° Piso al interior del Palacio de Gobierno en Chilpancin­go.

De igual forma, se realizaron 7 mil 1 un llamadas telefónica­s al número gratuito 01 800 990 0 990 y vía correo electrónic­o se atendieron a 484 personas foráneas, además se resolviero­n 641 reportes de inconsiste­ncias.

Detalló que aún y cuando el periodo establecid­o para cumplir en tiempo con la declaració­n de modificaci­ón patrimonia­l y de intereses ya concluyó, el personal de la SCyTG sigue trabajando en la validación de algunas declaracio­nes, para poder establecer un informe final y dar a conocer detalladam­ente el porcentaje de servidoras y servidores públicos que cumplieron u omitieron esta obligación de transparen­cia.

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