Contener el costo de la deuda
El crecimiento de la deuda de estados y municipios se triplica de 2006 a 2013, esto es, pasó de 160 mil millones a 483 mil millones de pesos como consecuencia de la crisis financiera de 2009, que se convirtió en una crisis fiscal de donde se derivó que las participaciones se mantuvieran por debajo de su nivel en términos reales, de 2008 a 2013, a lo que se sumó el bajo potencial recaudatorio de los impuestos locales y el desinterés en muchos estados y municipios para aplicar políticas de gasto eficientes y transparentes.
El problema de la deuda es que se paga o se reprograma para que se pague años después, con lo que mantiene la restricción de recursos para la inversión y el gasto social. En 2017, tres quintas partes de la nueva deuda de ese año se destinó para reprogramar, esto es para ganar tiempo, bajar servicio en el corto plazo, pero al final con un incremento en su costo. Reprogramar hacia adelante la deuda que ya existía localmente, implica que esta ya no crezca como lo estuvo haciendo de hasta 2014, cuando creció un promedio de más de 50 mil millones de pesos por año. Pero en los últimos tres años se ha logrado disminuir ese crecimiento, lo cual se puede explicar por la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera y su sistema de semáforos, que en su segunda versión corrige algunos criterios de la primera. Por otra parte está disminuyendo la capacidad de endeudamiento, derivado de que su principal garantía de pago son las participaciones, y aunque en los últimos años estas han crecido por arriba de lo programado, aún no han recuperado poder adquisitivo real.
Desde 2013, la deuda respecto de las participaciones fue de 91 por ciento, y en los últimos cinco años esta cifra está en descenso, hoy está alrededor del 78 por ciento, proporción inferior al 2011 pero aún lejos de la relación de 2006, cuando fue de 49 por ciento.
Las fuentes de endeudamiento se clasifica en varias ventanillas: la banca múltiple, la banca de desarrollo, las emisiones bursátiles, los fideicomisos y los PPS, como los más importantes mecanismos para obtener recursos de forma extraordinaria. Las emisiones bursátiles no son comunes en todos los estados, pero para 2017 existen tres donde la composición de su deuda sobresale con más de 30 por ciento: Oaxaca, con 48 por ciento, y Chihuahua y Chiapas con 36 por ciento. En este modelo permite comprometer ingresos futuros para ejercer en el presente, estas emisiones causaron grandes descontentos en algunos estados.
Para 2017, el promedio de la deuda con relación a las participaciones en los estados fue de 79.3%, pero en Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila equivale a más del 200 por ciento con respecto a sus participaciones.
Otro aspecto importante es que, en promedio, los plazos de vencimiento de estas deudas están en 14 años; es decir, se requieren más de dos administraciones de gobierno estatal para poder cumplir los compromisos que al día de hoy se tienen, siendo Quintana Roo y Nuevo León los estados con plazos de más de 20 años.
Por lo anterior es que la revisión de la deuda estatal, del impacto presupuestal de su servicio, implica que se requiera de un nuevo análisis del pacto fiscal para mantener el desarrollo sin la dependencia fiscal del esfuerzo federal, a fin de poder crecer y evitar desenlaces de las finanzas públicas y sus consecuencias, como el desempleo, la pobreza y la elevación de los índices de delincuencia.
La ASF, con sus nuevas atribuciones hacia estados y municipios, busca prevenir este futuro, así como dar seguimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, esto es revisar, ahora sí en tiempo real, las participaciones y la deuda, así como fortalecer transparencia y armonización contable.
“En 2017, el promedio de la deuda con relación a las participaciones en los estados fue 79.3%”