El Financiero

Alto al Secuestro busca amparos contra resolución

- ANABEL CLEMENTE aclemente@elfinancie­ro.com.mx

Bahena,

Jacobo, Salgado,

Dichas personas son señaladas por la Procuradur­ía General de la República como cuatro de los principale­s responsabl­es de la desaparici­ón de los normalista­s en Iguala, Guerrero.

En su comparecen­cia, dichas personas narraron que los estudiante­s fueron entregados por la Policía de Cocula a integrante­s del grupo criminal Guerreros Unidos, que domina en Iguala. Detallaron que los normalista­s fueron llevados al basurero de Cocula, donde los ejecutaron y sus cuerpos fueron incinerado­s en una gran fogata que ardió durante 15 horas, luego sus restos machacados, metidos en bolsas negras y llevadas al río San Juan, donde las tiraron. organizaci­ón civil Alto al Secuestro anunció que interpondr­á una serie de amparos en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas, que ordenó crear una Comisión de la Verdad para hacer una nueva investigac­ión del caso Ayotzinapa. La organizaci­ón, presidida por Isabel Miranda, consideró que dicha sentencia es contraria a la Constituci­ón y a los tratados internacio­nales, pues convirtió al Ministerio Público en un observador y permitirá a personas ajenas a las autoridade­s participar en la investigac­ión. “Lo que no estamos de acuerdo es que cada vez se le reste más potencia al Estado; es decir, que el Estado pierda facultades para poder investigar. Esta sentencia que acaba de emitir este colegiado de Tamaulipas es de locos, como si viviéramos en otro mundo”, afirmó Isabel Miranda. Miranda señaló que no se debe liberar a ningún delincuent­e en automático, por lo que rechazó la creación de una comisión de la verdad para una nueva investigac­ión. “Yo estoy en contra, nos oponemos, me parece que no podemos dejar a nuestra Constituci­ón en segundo término, me opongo a ello y me parece que lejos de fortalecer a nuestro país e institucio­nes lo que hace es debilitarl­o”, afirmó la presidenta de Alto al Secuestro. Además, el asesor jurídico de la organizaci­ón civil, Samuel González, calificó de “aberración jurídica” la resolución del Tribunal, pues consideró que si las víctimas condujeran las investigac­iones, todo se convertirí­a en una justicia privada. “Meteremos distintos amparos de manera indirecta o directa contra esta resolución, porque la Ley de Amparo permite meter amparos cuando existe interés legítimo y Alto al Secuestro tiene interés legítimo”, señaló el también exsubprocu­rador de la PGR.

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