Congreso dividido

Alo largo de las tres últimas décadas, los gobiernos azules o tricolores se han empeñado en seguir a pie juntillas los dogmas del modelo neoliberal. El resultado se resume, entre otras cosas, en un país con más 50 millones de pobres, un pobre crecimiento de la economía, corrupción escandalosa e institucionalizada y pérdida de control en amplias zonas del país que son dominadas por el crimen organizado. La crisis abarca muchos ámbitos de la vida pública. Es también una crisis moral y de representación.

El gobierno que iniciará el 1 de diciembre enfrentará una herencia oscura, llena de riesgos y de enormes huecos provocados por la desatención a los problemas de la gente, porque este gobierno estuvo ocupado en saquear a la nación, vía la entrega de nuestros recursos naturales y la multiplicación de supuestos esquemas novedosos que comprometieron los recursos públicos para los próximos años, e incluso décadas.

En ese crudo escenario que

Senadora los intelectuales orgánicos del régimen y los ayatolas del voto útil buscan, dando por descontado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial, han llamado al voto dividido; es decir, a no votar por los candidatos al Congreso de la coalición Juntos Haremos Historia.

En su llamado está implícita una condena: López Obrador, según ellos, es un autoritario que necesita contrapesos, un populista que debe ser vigilado (aunque nunca hayan podido definir el populismo, ese mantra que les ahorra explicaciones). Conviene recordar que las figuras que hoy hacen este llamado no hicieron lo propio en elecciones anteriores, ni siquiera en 2012, cuando diversas voces alertaban sobre el peligro de una restauración autoritaria por el retorno del PRI a la Presidencia. Son voces, además, que pocas veces han empleado la misma energía para protestar por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que han marcado los sexenios recientes. El llamado central de los apóstoles del voto útil –que en los últimos tiempos sólo acumulan fracasos– es negar a la coalición que encabeza López Obrador la mayoría en el Congreso. Se trata, dicen, de que tengamos un Congreso plural que no esté sometido al poder presidencial.

¿Por qué no dijeron nada cuando se firmó el Pacto por México, un instrumento de cúpulas que suplantó al Legislativo y a otras instituciones del Estado, cuando definió el sentido de las reformas estructurales e incluso reglas para las fuerzas políticas en tiempos electorales?

La incongruencia de los favorecidos con contratos del gobierno para sus empresas culturales cierra los ojos ante una realidad atroz: la libertad de expresión que llaman a cuidar en el próximo sexenio ha sido seriamente dañada en estos años de insensata “guerra contra el narcotráfico”.

¿Cuál es la libertad que llaman a defender? Según el reporte 2017 de la unidad de inteligencia de The Economist, una publicación del gusto de los conservadores, México obtiene una calificación de seis en el índice de libertad para los medios de comunicación. Nuestro país aparece, en esa lista de “en gran parte no libre”, al lado de naciones como Afganistán, Honduras y Uganda.

Abundan las pruebas de cómo, a lo largo de este sexenio, el Congreso renunció –sometido al Pacto y dominado por la alianza del PRI y el PAN– a sus facultades de contrapeso del Ejecutivo. Una buena parte de las iniciativas que dieron lugar a las reformas estructurales no fueron elaboradas en el Congreso, sino en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Entre 2000 y 2012 vivimos lo que algunos han llamado la “democracia ineficaz”, marcada por una confrontación Legislativo-Ejecutivo que en muchas ocasiones paralizó al país, sea por incapacidad de los gobiernos o porque las fuerzas opositoras se opusieron a las transformaciones en busca de dividendos electorales futuros.

La herencia que dejará la administración de Peña Nieto exigirá poner en juego todas las energías del país para lograr una verdadera transformación. La solución de los problemas del país no pasa por tener un Congreso sometido al presidente, sino comprometido con los cambios que la nación demanda. Ese es el reto de la nueva mayoría.

“El gobierno que iniciará el

1 de diciembre enfrentará una herencia oscura, llena de riesgos y de enormes huecos...”

“La solución de los problemas del país no pasa por tener un Congreso sometido al presidente, sino comprometido con los cambios”