El Financiero

Se dispara el gasto en prestacion­es a servidores públicos

- ZENYAZEN FLORES zflores@elfinancie­ro.com.mx

El gasto en prestacion­es que perciben los servidores públicos se disparó en 2017, a pesar de las medidas de austeridad aplicadas. Entre las prestacion­es más costosas están los estímulos de puntualida­d que sumaron 11 mil 776 millones de pesos anuales y el de asistencia, que implicó un gasto de 10 mil 660 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. El monto erogado por el gobierno en estímulos por asistencia, equivale al costo de reemplazar las 52 mil camas en servicio existentes en el Seguro Social por camas nuevas para agregar infraestru­ctura. De acuerdo con Hacienda, en 2017 el gobierno gastó en total 361 mil millones de pesos en prestacion­es ordinarias, que son las que establece la Ley y las que se desprenden de los contratos colectivos de trabajo, y extraordin­arias, que incluyen estímulos diversos. Ese gasto implicó un aumento nominal de 13.3 por ciento tan sólo en un año, es decir, entre 2016 y 2017, lo que implicó un gasto adicional por 42 mil 500 millones de pesos. “Hay margen para reducir prestacion­es de funcionari­os, los recortes a éstas son más flexibles para mandos medios y altos, pero hay personal de base con un contrato firmado al que les es difícil modificar sus prestacion­es”, señaló Alejandro González, director general de la organizaci­ón Gestión Social y Cooperació­n (Gesoc).

Sin embargo, en los primeros cuatro años del actual gobierno, de 2013 a 2016, el gasto en prestacion­es sólo creció 5.5 por ciento, por las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno. El mayor gasto en prestacion­es estuvo impulsado por las establecid­as en los contratos, que crecieron 18.3 por ciento en 2016-2017, cuando de 2013 a 2016, subieron 2.7 por ciento. “Las prestacion­es extraordin­arias como estímulos por asistencia no deberían existir, pero si el próximo gobierno decide dejarlas porque están en un contrato, debe haber un ejercicio de rendición de cuentas, pues esas prestacion­es provienen de recursos públicos”, dijo María Fonseca, de la Escuela de Negocios del Tecnológic­o de Monterrey.

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