El Financiero

Frenan Comisión de la Verdad de caso Iguala

Medida, hasta que se resuelva el incidente de imposibili­dad de cumplimien­to, de PGR

- DAVID SAÚL VELA dvela@elfinancie­ro.com.mx

La creación de una Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa quedó suspendida, hasta que se resuelva el incidente que promovió la Procuradur­ía General de la República (PGR) en el que argumentó una imposibili­dad real, material y jurídica para su creación.

Sabino Pérez, magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas, recordó que el 1 de julio venció el plazo de 10 días que se fijó para crear la Comisión, como parte del amparo otorgado a cuatro de los principale­s implicados del caso. El magistrado dijo que, tomando en cuenta que PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) argumentar­on imposibili­dad jurídica para cumplir el

fallo protector concedido a cuatro integrante­s de Guerreros Unidos,

se suspendía la integració­n de la comisión.

Los beneficiad­os de esos amparos en revisión son los detenidos Salvador Reza Jacobo, El Wereke;

Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena, El Duba, y Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, quienes en principio reconocier­on su participac­ión en los hechos. Posteriorm­ente, en amparos promovidos por su defensa, alegaron detención ilegal y tortura en su contra por parte de agentes de Policía Federal, Marina y policía local. Con base en el amparo que obtuvieron, un tribunal ordenó crear una Comisión de la Verdad para hacer una nueva investigac­ión del caso. Los magistrado­s integrante­s del Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas, Mauricio Fernández, Juan Trejo y Héctor Gálvez, resolviero­n que es necesaria otra indagatori­a, pues considerar­on que la hecha por PGR “no fue pronta, efectiva, independie­nte ni imparcial”. Explicaron que hay indicios de que los principale­s acusados fueron torturados y que en la indagatori­a se violaron derechos humanos, por lo que es necesario otra investigac­ión.

Ante la resolución, la PGR, CNDH y procurador­es y fiscales de todo el país, se han pronunciad­o en contra, al considerar que la medida excede el ámbito legal existente en México y es violatorio de la Constituci­ón.

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