MARTÍ BATRES
Durante tres largas décadas, es decir, a lo largo de cerca de 10 legislaturas continuas la agenda legislativa del país estuvo fuertemente influenciada por las necesidades de los centros financieros internacionales. Dichas presiones se tradujeron esencialmente en dos tipos de decisiones: por un lado, en las continuas privatizaciones de las empresas y servicios públicos y, por otra parte, en los ajustes sociales que eliminaron derechos económicos de la población y produjeron fuertes costos en sus condiciones de vida. El descontento de la ciudadanía frente a este tipo de orientaciones se manifestó de diversas formas, de manera constante. Sin embargo, las sucesivas administraciones insistieron en continuar la misma ruta. Son los años de la disminución del presupuesto para la educación, del aumento del IVA del 10 al 15 por ciento, del Fobaproa, de la privatización de los ferrocarriles, la generación de energía eléctrica y la explotación del petróleo, de las reformas laborales y de pensiones. Finalmente, el pasado 1 de julio la ciudadanía emitió un mandato global y claro. Cambió al gobierno, pero también cambió la composición del Congreso. La nueva mayoría legislativa tendrá que promover una nueva agenda, gestada en las exigencias de la sociedad mexicana, tanto de los sectores económicos como de los sectores sociales. Ya no podrá insistir en nuevas privatizaciones de servicios públicos, especialmente en el tema del agua. Tampoco, podrán cargarle nuevos pesos fiscales a clases medias y clases populares. No podrán afectarse derechos sociales con el pretexto de los problemas. La nueva mayoría legislativa tiene la responsabilidad de construir acuerdos y consensos pero en torno a otro tipo de contenidos. El primer gran consenso de la nueva época tiene que girar en torno a los temas de honestidad y austeridad. El gobierno entrante y la mayoría legislativa que acompaña su proyecto están obligados a probar que pueden aprovecharse mucho mejor los recursos y presupuestos actuales cortando la corrupción, eliminando los privilegios, atacando el derroche y cobrando mejor los impuestos.
El segundo gran tema se refiere a las cuestiones de carácter social. Si en el pasado reciente la tónica fue limitar, disminuir o desaparecer derechos de bienestar; ahora la tendencia debe encaminarse a recuperar o a crear derechos. Señaladamente, está todo lo relacionado con la educación, especialmente la de nivel superior. De igual forma están la salud pública, la seguridad social y los temas del trabajo.
Un tercer apartado es el relativo a las cuestiones económicas, a los paquetes de ingreso y gasto, así como a las legislaciones que permitan estimular el crecimiento económico.
Y un cuarto rubro tiene que ver con los temas de las libertades y los derechos humanos. Igualdad de géneros, pueblos originarios, diversidad sexual, derechos de la infancia, personas con discapacidad, creación artística y cultural y lucha contra la discriminación constituyen un abanico de exigencias de la sociedad mexicana. La nueva agenda legislativa tiene que invertir el orden de las prioridades y el contenido de las iniciativas. Se trata de poner un alto al prologado sacrificio social y de iniciar la recuperación de la economía, el rescate de la cuestión social y la construcción de un nuevo piso de derechos humanos. Todo ello en un marco de estabilidad económica e institucional y de reformas progresivas que susciten transformaciones graduales, pero continuas. Esa es la lectura que debe hacerse de la naturaleza o del sentido contundente del voto que cambió al Poder Ejecutivo pero también al Poder Legislativo en México.