El Financiero

Decidirá la Corte sobre Comisión de la Verdad de los 43

Magistrado reconoce que jurídicame­nte es imposible crear la comisión

- DAVID SAÚL VELA dvela@elfinancie­ro.com.mx David Saúl Vela

Un Tribunal federal reconoció que jurídicame­nte es imposible crear una Comisión de la Verdad para el caso Iguala, y con ello realizar una nueva investigac­ión que estaría dirigida por los padres de los 43 normalista­s de Ayotzinapa desapareci­dos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Ante ello, es inminente que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sean los ministros del Tribunal Constituci­onal quienes decidan en definitiva si se crea o no la comisión, como lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas al amparar a cinco de los principale­s implicados en el caso.

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario, también con sede en Tamaulipas, dio la razón a la Procuradur­ía General de la República que, ante la sentencia de amparo concedida a los integrante­s del grupo criminal Guerreros Unidos, alegó una “imposibili­dad real, material y jurídica” para acatar el fallo.

En una breve notificaci­ón publicada ayer en los estrados electrónic­os del Poder Judicial, el magistrado detalló que dicha “imposibili­dad jurídica” no sólo LOS FAMILIARES LAMENTAN DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Los familiares de los 43 normalista­s de Ayotzinapa “lamentaron profundame­nte” la decisión de un Tribunal federal que declaró fundada la imposibili­dad jurídica para crear una Comisión de la Verdad del caso Iguala. Estimaron que dicha decisión “lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso” y “atenta contra la verdad y”. Acusaron que la decisión es consecuenc­ia de una acción del gobierno, que volcó toda la fuerza del Estado, no para la búsqueda de los desapareci­dos, sino para combatir la sentencia del Tribunal que ordenó crear la Comisión. es para la creación material de la comisión, sino también para facultar a los padres de los normalista­s o sus representa­ntes legales para dirigir la indagatori­a con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacio­nales.

Una vez que la decisión se notifique oficialmen­te, correrá un plazo de 15 días para que las partes apelen la resolución y entonces el caso se turnará a la Suprema Corte, según lo estipula el artículo 203 de la Ley de Amparo.

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