Para los gobiernos estatales que se van
En septiembre inician los cambios de gobierno en un gran número de municipios y los nueve estados que tuvieron elecciones. Los procesos de entrega-recepción deben estarse iniciando, con la creación de las comisiones correspondientes. La fiscalización de los recursos federalizados y federales se ha eficientado y la normatividad para el ejercicio de los mismos se ha mejorado; sin embargo, siguen apareciendo denuncias ciudadanas no atendidas, cuando es un medio eficaz para combatir la corrupción, no solamente en los gobiernos, inclusive en el sector privado.
Las leyes de entrega-recepción se inician en 2002, siendo adoptado inmediatamente en algunas entidades. Sin embargo, aun hoy en algunos estados y muchos municipios tienen rezago en la implementación de normas para una buena entrega-recepción.
En los hechos han existido casos de gobernadores salientes que se resisten a crear los comités de entrega-recepción, o inauguran obras poco antes de dejar el poder, en suma, quieren ignorar que se extinguen. En estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz no incluyen sanción alguna en sus leyes, lo cual es como vacuna para impedir ser sancionados, de ahí la importancia de la homologación legislativa. Un consejo para los gobernadores que se van, es que obra que ya no van a terminar es mejor que lo reconozcan, es más honesto y dejar las cosas bien para el siguiente gobierno, en contra tienen que la mayoría de sus colaboradores sólo saben decir: sí señor.
A pesar de que aún nos falta mucho, ahora sí son observados, más por el manejo de los recursos federales, pero en muchos ya existe la maldición del séptimo año, esto lo demuestran hechos como el gran número de secretarios de Finanzas que han terminado en la cárcel o amparados; ahí está el caso de San Luis Potosí, donde de los tres últimos secretarios, dos estuvieron en la cárcel, excepto el ultimo. Hoy sus contralores internos deberían aplicarse a ordenar sus cuentas y encabezar la solventación de los temas que tienen pendientes las dependencias estatales con las auditorías locales y la ASF. Es lamentable que se empiecen a enterar de sus asuntos cuando ya no están en el gobierno y no los pueden corregir. Años de opacidad y complicidad no se corrigen en tres meses, es imposible. En el caso de los reintegros simulados, OJO, los contralores han aparecido como presuntos responsables.
El año más difícil del gobierno es el año siguiente de su término de gestión, para la mayoría de los alcaldes es el cuarto y para los gobernadores, el séptimo. Endeudarse hoy, como lo hacían en el pasado a unos cuantos meses de terminar su gestión, además de ser moralmente una falta grave, es imposible. Hoy la Ley de Disciplina Financiera les impide adquirir compromisos al fin de la administración. Un caso típico era que se ocultaba el servicio de la deuda, diciendo que los PPS no eran deuda, y metían en gasto corriente el servicio de las bursatilizaciones.
Hoy la ASF ya audita deuda pública de los estados, cuando lo de Coahuila, no teníamos facultades para hacerlo.
Las expectativas que la ciudadanía tiene en la lucha contra la corrupción son muchas, los años en los que en las administraciones se dejaban pendientes, en donde no pasaba nada, poco a poco están desapareciendo, por ello es de vital importancia preparar una buena salida para no hacer realidad las crisis del séptimo año.
Los nuevos deberán aplicarse a un buen ejercicio del gasto desde un principio, capacitar a sus funcionarios no sólo en el diseño de un buen presupuesto, sino en su aplicación. Cuidado con que se endeuden al empezar su gestión. En la Auditoría Superior trabajamos en una vigilancia estricta del ejercicio de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno. Las omisiones o el desconocimiento de las normas no son excusas válidas para no cumplirlas.