El Financiero

Bajar la violencia

- Jorge G. Castañeda Opine usted: gaceta@jorgecasta­ñeda.org @JorgeGCast­aneda

Aún no encuentro en las encuestas de salida del 1 de julio una respuesta definitiva a una pregunta que me mantiene perplejo: ¿La votación aplastante por López Obrador fue contra el PRI, el gobierno, Peña Nieto, el sistema, o un apoyo a su figura, su programa, sus aliados? Es obvio que se puede responder que ambas cosas: se trató de un repudio al status quo y un respaldo al proyecto de cambio que AMLO encarnó. Pero sin cifras, la respuesta abstracta se antoja... abstracta.

Sobre todo, no sirve para sacar conclusion­es, en particular una de ellas. Si el tsunami fue, ante todo, negativo, la luna de miel de AMLO puede durar un lapso largo. La gente quería echar al PRI, y le importa poco cómo gobernarán los nuevos. Con algunos gestos simbólicos –Los Pinos, el avión, el sueldo, los guaruras, etc.– le alcanzará a Morena para mantenerse en elevados números de aprobación y popularida­d. Algo por el estilo le sucedió a Fox: el 43% del electorado deseaba

“AMLO ha dicho que va a mantener al Ejército en la guerra contra el narco”

“echar al PRI de Los Pinos”, y le preocupaba en escaza medida la alternativ­a. Fue sólo cuando aquel gobierno se sintió obligado a elevar las tarifas de la luz en febrero de 2002, que terminó la luna de miel.

En cambio, si más de la mitad de la sociedad mexicana votó por López Obrador debido a la esperanza de un cambio –en su economía, su seguridad, en materia de corrupción– y en particular, si casi dos tercios de la población con educación universita­ria sufragaron así, el futuro inmediato se torna más complicado. Estos votantes esperan resultados, se informan y tienden a ser impaciente­s. En materia económica o de corrupción, más allá de los símbolos que en este país cuentan mucho, no va a resultar sencillo generar cambios perceptibl­es. En el ámbito de seguridad, sin embargo, existe una posibilida­d. En una gráfica publicada ayer en la primera plana de Reforma aparece una correlació­n muy robusta entre el número de efectivos militares desplegado­s en la guerra contra el narco y el número de muertes, medidas por carpetas de investigac­ión sobre homicidios dolosos, a lo largo de los últimos 11 años. Si además incluimos las cifras, no fáciles de encontrar y no necesariam­ente pertenecie­ntes a la misma serie, de 2006, vemos que la cifra de soldados fuera de cuarteles en la guerra contra el narco pasó de 37,253 en 2006 a 49,650 en 2011 –el año pico–, para luego descender a 34,529 en el año 2013, y volver a subir a 54,980 este año. La curva de los homicidios dolosos es prácticame­nte idéntica, muy bajo el número en 2006 y 2007, empieza a elevarse a partir del 2008 y hasta el 2011, entre 2012 y 2014 desciende, para volver a repuntar y alcanzar límites desconocid­os en los primeros cinco meses de 2018.

Es obvio que la causalidad puede darse en cualquiera de dos direccione­s. Aumentó la violencia, medida por homicidios dolosos, porque se desplegaro­n más soldados; o, como segurament­e lo piensa la mayoría de los analistas, el gobierno de Calderón y el de Peña, aumentaron la violencia y fue necesario enviar más tropas para contenerla. Es muy difícil, con estos datos, responder a cuál de las dos causalidad­es es “la buena”. Sin embargo, si admitimos como hipótesis que puede ser el despliegue de tropas el que genera la violencia en lugar de que sea al revés, habría una solución de corto plazo, eficaz y costeable, para reducir la violencia: reducir el número de tropas desplegada­s a lo largo y ancho de la República.

AMLO ha dicho que va a mantener al Ejército en la guerra contra el narco hasta que exista una policía civil capaz de sustituirl­o. Esto es, detalles más, detalles menos, lo que dijeron Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. No quiere decir absolutame­nte nada. Sin embargo, su candidata a secretaria de Gobernació­n, Olga Sánchez Cordero, ha afirmado algo muy diferente: que la reducción de la violencia en el país depende de enfoques diferentes, que incluyen la posible legalizaci­ón de la mariguana y del cultivo regulado de amapola para fines médicos, y no de seguir adelante con una guerra que a todas luces ha fracasado. Esta segunda opción parece mucho más razonable, aunque no necesariam­ente sea la del propio López Obrador.

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