Las razones de un nuevo formato de declaración patrimonial

“Nada más peligroso para el Estado de derecho que la reducción de la publicidad de las medidas gubernamentales mediante la dificultad del acceso a la información” Ernesto Garzón Valdés

El Sistema Nacional Anticorrupción surgió como una directriz constitucional, la cual está estructurada para complementar el Sistema Nacional de Transparencia; así, ambas directrices tienen como finalidad el planteamiento transversal de objetivos, metas, estudios y políticas en la materia.

En el Sistema Nacional Anticorrupción existe un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Fiscalía Anticorrupción, un representante del Consejo de la Judicatura

Comisionada del INAI Federal (CJF), la Secretaría de la Función Pública y la titular del Comité de Participación Ciudadana (CPC), así como el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien expresa la voz colegiada al interior de este Sistema.

Bajo la lógica de colaboración interinstitucional en el combate a la corrupción, el CPC sometió a consulta del INAI un documento que contenía la propuesta de un nuevo formato de declaración, mediante el cual se obtenga una radiografía patrimonial de quienes trabajamos en el servicio público, con el propósito de demostrar la licitud de nuestro patrimonio, así como la posibilidad de establecer un mapa de las relaciones con familiares, dependientes económicos y terceros en general, que permitan conocer posibles conflictos de interés en el desempeño de la función pública.

En ese sentido, en el INAI a través de las áreas técnicas y las aportaciones de las y los comisionados se consideró pertinente emitir, mediante Acuerdo del Pleno, una opinión no vinculatoria de la propuesta del CPC, contrastarlos y analizarlos a la luz del test de proporcionalidad, como herramienta jurídica que permite estudiar la constitucionalidad de una medida legislativa o administrativa en la restricción de derechos; lo anterior a fin de razonar si cumplen con el objetivo de la Reforma Constitucional y la interpretación judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmada en la acción de inconstitucionalidad 76/2017, mejor conocida como el aval de la “declaración tres de tres”.

Cabe señalar que la Suprema Corte, en dicha acción de inconstitucionalidad, se pronunció en el sentido de que el umbral de protección de los servidores públicos es menor que el de cualquiera otra persona, precisamente por las funciones que realiza y los recursos que se manejan; sin embargo, no quiere decir que se pueda invadir su esfera de privacidad y de autodeterminación informativa. Ante este panorama, el trabajo en el INAI fue exhaustivo, toda vez que se tuvo que armonizar la intención del Poder Constituyente para generar instrumentos de combate a la corrupción en México y, a su vez, proteger los datos personales de los involucrados que son impactados por esta Reforma.

El INAI ha realizado un esfuerzo institucional, para coadyuvar a combatir un problema muy complejo. La arquitectura constitucional de carácter democrático está encaminada a que este tipo de decisiones se atiendan con responsabilidad y apego a la legalidad, respetando los derechos humanos y, en particular, la esfera íntima de las personas. La decisión que se adopte sobre los nuevos formatos de declaración patrimonial, será responsabilidad colegiada de todos los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.

“La Suprema Corte se pronunció... que el umbral de protección de los servidores públicos es menor que el de cualquier otra persona”