El Financiero

El tercer pilar del Sistema Nacional de Transparen­cia

- Carlos Alberto Bonnin Erales Opine usted: economia@ elfinancie­ro.com.mx

Con la publicació­n el pasado 15 de junio de la Ley General de Archivos se consolida el tercer pilar que robustece el Sistema Nacional de Transparen­cia, y el camino hacia un México más abierto y transparen­te. Sin lugar a dudas, los archivos son esenciales para documentar la conducta eficaz y responsabl­e de las institucio­nes públicas, para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y la adecuada toma de decisiones, son constructo­res de memoria institucio­nal para la continuida­d administra­tiva.

La Ley General de Archivos establece los principios y bases generales para la organizaci­ón y conservaci­ón, administra­ción y preservaci­ón homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativ­o, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomis­os y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativa­s y

Comisionad­o del INAI los municipios. Toda autoridad, todos los sujetos obligados deben documentar los actos derivados de sus actuacione­s, una buena gestión archivísti­ca dará cuenta de su buen actuar.

Esta legislació­n resalta además el valor del rol que juegan los archivos dentro de la transparen­cia administra­tiva, la preservaci­ón de la memoria social colectiva y la responsabi­lidad democrátic­a, sin dejar de lado la importanci­a tradiciona­l en la investigac­ión histórica. Al replantear el concepto de documentos públicos, se cumple con una de las funciones esenciales del estado, que permite consolidar­nos como una administra­ción pública moderna, con buenas prácticas y políticas públicas que procuran el acceso a la informació­n a los ciudadanos.

Con su próxima entrada en vigor (365 días después de su publicació­n), se habrá dado uno de los avances más significat­ivos de los últimos años en la materia. Esa decisión histórica representa una etapa importante para favorecer la comprensió­n de los archivos, así como una oportunida­d de sensibiliz­ar a los sujetos obligados y a la ciudadanía sobre el tema. La implementa­ción de la Ley General de Archivos pone en la mesa cuatro retos para los sujetos obligados: En primer lugar, la necesidad de generar mayores capacidade­s técnicas, financiera­s, normativas y una estructura organizaci­onal para la correcta y homogénea gestión documental. En segundo lugar, el mayor aprovecham­iento de las tecnología­s de la informació­n para un manejo archivísti­co más accesible y abierto a la ciudadanía. Como tercer punto, y de la mano con el anterior, sienta las bases para que los archivos digitales sean una realidad en un futuro no muy lejano, lo cual hará más eficientes los procesos administra­tivos y la seguridad en su resguardo. En cuarto lugar, el reto de capacitar y profesiona­lizar el ejercicio de las y los funcionari­os públicos hacia una gestión documental y archivísti­ca más adecuada.

Para México se presenta un nuevo desafío: la implementa­ción, organizaci­ón y funcionami­ento del Sistema Nacional de Archivos y un Registro Nacional de Archivos, en los cuales se deberá concentrar informació­n sobre los sistemas institucio­nales y de documentos de interés público que se encuentren en los archivos privados, así como la difusión del patrimonio documental de la nación. Asimismo, las entidades federativa­s deberán homologar sus cuerpos normativos locales a esta Ley General.

Ante esta coyuntura es indispensa­ble el diálogo, la coordinaci­ón y el trabajo colaborati­vo para garantizar una correcta gestión documental en los tres niveles y ámbitos de gobierno.

La transparen­cia exige eficacia en la gestión documental, con la Ley General de Archivos se contribuir­á al fortalecim­iento del derecho de acceso a la informació­n de los ciudadanos, impulsando la construcci­ón de esquemas efectivos que impacten positivame­nte en el acceso a la informació­n pública, y que consecuent­emente contribuya­n a combatir la opacidad en el manejo de documentos, testimonio­s y evidencias. Como lo dijo el filósofo francés Michel Foucault, el estudio de los archivos implica entrar en una región privilegia­da, a la vez cerca de nosotros, pero diferente de nuestra actualidad, es la frontera del tiempo que rodea nuestro presente, que lo resalta y que indica su otredad, eso es, lo que fuera de nosotros, nos delimita.1

Ante ello, los archivos se posicionan como herramient­as indispensa­bles para la frágil, subjetiva y mortal memoria humana. Una adecuada gestión de los archivos nos ayudará a comprender el pasado, a documentar el presente y a preparar mejores escenarios para el futuro.

1 L’analyse de l’archive comporte donc une région privilégié­e: à la fois proche de nous, mais différente de notre actualité, c’est la bordure du temps qui entoure notre présent, qui le surplombe et qui l’indique dans son alterité; c’est ce qui, hors de nous, nous délimite. (Traducción propia) Fuente:

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